¿Existe el derecho a tener un auto?

Hace unos días un medio de comunicación escrito solicitó la opinión de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima respecto a tres proyectos de ley presentados por parlamentarios de la Comisión de Transportes de nuestro Congreso de la Republica.

| 09 diciembre 2012 12:12 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.8k Lecturas
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Debo reconocer que pasé por un “deja vu”, es decir, aquel escalofrío que nos deja la sensación de estar viviendo una experiencia ya vivida. Y es que en los varios años en que trabajé en la Defensoría del Pueblo opinamos reiteradamente en contra de los intentos de ampliación de plazo para la importación de autos usados. En efecto, a fin de cada año cuando los ciudadanos están distraídos por las fiestas de fin de año, el Parlamento de nuestro país le obsequiaba a los peruanos el regalo de atestar sus ciudades y carreteras con vehículos usados, siniestrados y con timón cambiado. Luego de sendas reuniones de trabajo con los congresistas para explicarles las implicancias de sus decisiones, se logró poner fin a las zonas del país donde se realizaba este acondicionamiento y dar los incentivos necesarios para hacer lo que se hace en todos los países, promover la renovación del parque automotor a través de la disminución de los impuestos a la adquisición de autos nuevos, entre otros importantes pasos.

El tema fue y sigue siendo bastante sencillo, qué es más conveniente en términos sociales, la supuesta defensa del derecho al trabajo de las personas que laboran en los talleres de acondicionamiento y los intereses económicos de los grupos que financian estas importaciones, o prima el derecho a un ambiente sano y equilibrado, a la vida y la integridad de las miles de personas que sufren los efectos de la contaminación ambiental o son víctimas de los accidentes de tránsito, en los cuales se ha acreditado que de 10 vehículos que participan en colisiones o atropellos, 6 son de timón cambiado. Ciertamente, este tipo de evaluación es la que debemos hacer todos los que tomamos decisiones que afectan a la colectividad.

Ahora bien, como ha ocurrido antes, estas disposiciones que terminan precarizando más las complejas condiciones del transporte, porque estos vehículos viejos, siniestrados van a formar parte de la flota vehicular del transporte público y privado que circula en muchas ciudades, aparecen en disposiciones que se pierden entre los distintos artículos que, en teoría, regulan otras cosas, como, por ejemplo, el establecimiento de un sistema de homologación para vehículos nuevos y para antiguos de hasta 8 años de antigüedad. Sobre esto último hay que decir que si se quiere tener altos estándares de calidad en la flota vehicular lo que se tiene que hacer es fortalecer el sistema de revisiones técnicas y empoderar a la Policía Nacional del Perú para que fiscalice eficazmente el cumplimiento de esta obligación.

Un tema no menos importante es dejar sentado que en la exposición de motivos de alguno de los proyectos se habla del “derecho a tener un auto”, tal derecho no existe, lo que las personas tenemos es el derecho a la movilidad, es decir a realizar nuestros desplazamientos sin barreras y promoviendo el acceso hacia los lugares y espacios que nos permiten satisfacer diferentes necesidades, de ocio, de salud, de trabajo, etc. Precisamente para garantizar el derecho a la movilidad, es que se privilegia que las personas se desplacen a pie o en bicicleta y, si se utiliza vehículos, se promueve el uso del transporte público por sobre el vehículo privado. Ese es el sustento de porqué en muchas ciudades existen restricciones a la circulación de autos particulares.

Casi para culminar, es importante dejar sentado que existen disposiciones en estos proyectos que invaden las competencias regulatorias de otras entidades, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que es quien determina las condiciones técnicas de los vehículos a través del Reglamento Nacional de Vehículos y como los Municipios Provinciales, a quienes nos corresponde regular las condiciones de la flota vehicular de transporte urbano regular (servicio de buses) y especial (taxis, movilidad escolar, etcétera). Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima decimos claramente que estos proyectos no deben prosperar porque al bajar las condiciones de calidad de los autos, buses, combis, se va en contra de la vida y el medio ambiente y, al mismo tiempo, porque ingresan en ámbitos privativos de otras entidades con competencias definidas y, ciertamente, con el conocimiento técnico necesario para regular sectores altamente especializados.

Ahora, despojándome por un momento de mi posición de funcionaria y hablando como ciudadana espero que las entidades públicas que deben proteger sus fueros y nuestros derechos, se pronuncien con la claridad y el énfasis que corresponde, en lugar de poner piedras en el camino de quienes llevamos a cabo la legítima reforma del transporte que Lima exige ya mismo.


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