Estados alterados

La posibilidad de que el Estado compre los activos de Repsol desata una polémica desbordada y como sucede en discusiones así, los argumentos suelen falsearse con facilidad.

| 02 mayo 2013 12:05 AM | Columnistas y Colaboradores | 717 Lecturas
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Un rápido repaso a la historia del petróleo en el Perú, nos recuerda que en buena parte del siglo pasado una sucursal de la Standard Oil, la International Petroleum Company, monopolizaba el mercado. Durante cincuenta años la empresa hizo lo que le pareció más conveniente a sus intereses de lucro. Símbolo de la economía de enclave y perfectamente ensamblada con la sociedad feudal y oligárquica, le importaba poco o nada el desarrollo y menos pagar impuestos.

La IPC vendió la idea de que explotar un solo pozo de petróleo resultaba inalcanzable para cualquier otro. Todo el tiempo evitó la fiscalización pública, lo que le permitió remesar utilidades sin control.

El escándalo generado sirvió de pretexto para el golpe militar de Juan Velasco Alvarado, que ocupó los campos de Talara, formó Petroperú y demostró que toda la campaña de décadas era una farsa ideológica. Por primera vez el país pudo explorar, explotar, refinar y comercializar los derivados en un nivel sin precedentes.

La ola privatizadora de Alberto Fujimori en los noventa rompió su integración vertical y la redujo a su mínima expresión. Le dejaron un negocio menor, la refinería de Talara a sabiendas que generaba un escaso margen de ganancia.

El Perú pasó a producir la mitad y a comprar a diez veces su costo el barril de los campos concesionados. La drástica baja de la producción hizo que se importen hasta cuatro mil millones de dólares anuales. Mientras que el 85% de las reservas de petróleo en el planeta son controladas por entes estatales, aquí se abandonó el usufructo de la renta petrolera.

Ahora mismo entidades públicas de China, Corea del Sur, Argelia, Brasil y Colombia, producen casi el 60% del petróleo en el país. Un tercio de la comercialización pertenece a la cadena Primax, propiedad en partes iguales de la Empresa Nacional de Petróleo de Chile y del privadísimo grupo Romero.

En América Latina todos los países poseen fuertes y eficientes empresas de hidrocarburos. Al recuperarse la democracia y gracias al impulso ciudadano, las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad en el gobierno de Alejandro Toledo, la ley 28840 de fortalecimiento y modernización de Petroperú.

Proyectos como el gasoducto del sur para generar un polo petroquímico que favorezca la industrialización o la modernización de la refinería norteña, quedan como tareas de primer orden.

Si aparecen opciones rentables, estudiadas por bancos de inversión, resulta perfectamente legítimo asumirlas. Más bien, deslindando con los extremos, hay que recuperar el consenso que permitió promulgar la ley del 2006. Petroperú debe adoptar la estructura de Petrobras o Ecopetrol, mediante la gestión corporativa que cotice en bolsa, y fomente asociaciones público privadas. Incluso debe elegir a la mayoría de su directorio por concurso público.


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