Esperando Justicia

Hoy se cumplen treinta días para que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema se pronuncie sobre nuestro recurso de amparo respecto al pedido de la Familia Utopía de lograr se investigue al presunto asesino de nuestros hijos, Allan Azizollahoff, en la tragedia ocurrida hace siete años.

| 28 agosto 2009 12:08 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.3k Lecturas
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Hasta ahora no comprendemos cómo se ha podido librar de ser debidamente instruido en el Juzgado Penal como cualquier ciudadano, nacional o extranjero, al que se le imputa un delito. Qué turbias influencias ha tenido para librarse, lo sospechamos, pero resulta inaudito y un pésimo ejemplo de la falta de tutela jurisdiccional que tiene la ciudadanía. Nuestros derechos han sido permanentemente vulnerados a partir de diversas resoluciones fiscales y judiciales y nuestra Acción de Amparo se circunscribe, clara y contundentemente, a actos vulneratorios que acaecen desde la sentencia de primera instancia expedida el 1° de diciembre del 2006 y luego el 31 de julio del 2008, cuando se desestima nuestro recurso de queja interpuesto contra la decisión fiscal de no formular denuncia penal con Allan Azizollahoff y Edgar Paz Ravines, los dueños de la discoteca "UTOPÍA".

Todo está debidamente acreditado e inclusive, al lograr el levantamiento del secreto bancario, el Banco Continental, según la Partida Registral de personas jurídicas N°11247253, informó al Juzgado sobre el movimiento bancario que ellos, con Percy Norh Carrión, tenían siete cuentas corrientes. ¿Hay alguien que pueda imaginarse para qué podrían servir el exagerado número de las mismas en una discoteca? Asimismo, en un correo electrónico publicado en varias oportunidades en la revista "Caretas", se demuestra que entre ellos existe una fluida comunicación y se explica en el mismo el trámite corrupto que debe seguirse para "arreglar" con las autoridades a qué Juzgado debe ir el expediente, cuál es el monto a pagar, el nombre de la secretaria y el Juez y cómo se encargarían de encarpetar las investigaciones del Congreso de la República que aprobó el informe de la Sub Comisión investigadora por 92 votos a favor y 9 abstenciones.

Como se observa en el Amicus Curiae de la Defensoría del Pueblo (página 13), "es necesario que ellos hayan tenido capacidad fáctica de evitar el delito (dominio o control de la gestión de la empresa) para asignársele la posición de garante" (SIC), lo que está debidamente demostrado.

Estimamos que la cadena de impunidad que hemos observado en estos siete años sólo trae más corrupción, lo que amerita que se luche denodadamente contra ella. Por tanto, no habiéndose garantizado el derecho de acceso a la justicia, tampoco se ha garantizado el derecho a la verdad.

Los familiares esperamos y confiamos que en estos treinta días los cinco señores Magistrados hallan podido haber estudiado este emblemático caso, y ahora sólo nos queda esperar, con el alma en vilo, que la justicia actúe dentro de su sagrado deber de administrarla, que es lo que nosotros esperamos.

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Luis Delgado-Aparicio Porta

Opinión

Colaborador