Por no escuchar al agro

“Tiempo perdido en el agro es tiempo perdido para siempre” y “Jamás se puede cosechar lo que no se ha sembrado”, son dos adagios campesinos que explican muy bien el rechazo mayoritario de los gremios agrarios a la política del régimen ex aprista.

Por Diario La Primera | 15 ene 2009 |    

Pues éste no sólo ha dedicado el primer medio tiempo de su gestión a incumplir minuciosamente casi todo lo ofrecido al campo en su plan de gobierno, en sus promesas electorales, en el denominado Primer Encuentro Nacional Agrario del dos de agosto del 2007 en Acho y en tres actas de compromiso firmadas solemnemente con CONVEAGRO y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú; sino también a desacatar lo dispuesto por los artículos 63 y 88 de la Constitución, las políticas de Estado XV y XXIII del Acuerdo Nacional e _incluso_ varias leyes expedidas por el actual Congreso de la República, como las No. 27965 y 29003 —Consejo Nacional de Concertación Agraria, y 29264— Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria.

Aún más, no contento con ello, la segunda administración del Dr. Alan García Pérez continúa vulnerando los más elementales principios de la democracia para forzar la aplicación del injusto APC-TLC con Estados Unidos, a través de 99 decretos legislativos(DL) absolutamente inconsultos, entre ellos 24 lesivos al agro y la seguridad alimentaria de la patria.

Adicionalmente, hace poco el régimen presentó el Plan Anticrisis y designó una comisión público-privada encargada de su seguimiento de éste, dentro de cuyo marco no figura para nada el campo

Todo esto confirma que el gobierno que dice representar al viejo partido que predicaba Estado, Capital y Trabajo como trípode del desarrollo nacional, ha pasado a sacralizar sin medias tintas al segundo factor, para propiciar la concentración de la riqueza en muy pocas manos y, en consecuencia, ahondar las patéticas inequidades e iniquidades que han terminado por sumir al Perú y el mundo en el drama de hoy.

Pruebas fehacientes de ello son, entre otros, los anticomunales DL 1015 y 1073, derogados en agosto por el Congreso ante el levantamiento de las etnias amazónicas; el DL 1081-Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que pretende privatizar la administración del agua y _a través de las nuevas tarifas_ estrangular a los pequeños agricultores para obligarlos a deshacerse de sus tierras, por lo que la Junta Nacional de Regantes tiene razón en cuestionarlo frontalmente: el DL 1090, que busca latifundizar a la Amazonía; el DL 1080 y su Reglamento, que han relajado a la Ley General de Semillas a tal punto que ahora cualquier hijo de vecino puede ser “certificador” de estos vitales insumos, y el DL 997, que ha viabilizado la enésima “reorganización” unilateral del sector público agrario, hasta convertirlo en un Frankestein burocrático que sus malhadados autores pueden entender y explicar.

CONVEAGRO ha presentado observaciones bien fundamentadas en torno a todos los DL en cuestión, en busca de diálogo y entendimiento para corregirlos. Sin embargo, la superioridad de Agricultura, donde siguen mandando los diligencieros del siniestro ex ministro Ismael Benavides Ferreyros, no ha respondido formalmente, con el ostensible propósito de ganar tiempo para aplicar la política de los hechos consumados, como en las perores dictaduras.


    Reynaldo Trinidad Ardiles

    Reynaldo Trinidad Ardiles

    Opinión

    Columnista