Escandalosa excarcelación

El indebido uso de una acción constitucional de hábeas corpus y la escandalosa excarcelación de dos presuntos narcotraficantes han ratificado los niveles de corrupción de todas las instancias del gobierno aprista y la incompetencia de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para comprobar la autenticidad de las resoluciones judiciales, antes de ejecutar las órdenes de libertad. Queda claro que no existe ninguna política penitenciaria elaborada, ni desarrollada por el Ejecutivo.

Por Diario La Primera | 24 febrero 2009 |  733 
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Ahora que los reclusos ya fugaron de la cárcel, la ministra de Justicia pretende endosarle la responsabilidad al órgano jurisdiccional y el magistrado ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público para las pesquisas preliminares.

Para el gobierno, nadie es culpable; todos fueron engañados por falsificadores de documentos y los funcionarios del Inpe han sido víctimas de criminales. Hace pocos días, un procesado se escapó de un hospital, según dijeron, disfrazado de médico; otros lo hacen por túneles, como sucedió a finales del primer mandato de Alan García. El sistema penitenciario es un fracaso, hay mafias que controlan los penales. Los internos están hacinados y la alimentación es pésima, por eso existen casos de TBC. Los centros de reclusión no readaptan socialmente a nadie; al contrario, se convierten en lugares de castigo, maltrato y humillación.

El presidente de la Corte Suprema continúa de viaje, parece más preocupado en recoger experiencias extranjeras antes que poner orden en casa y sus asesores circulan por los pasillos del Poder Judicial para obtener beneficios procesales y archivar expedientes. El cuestionado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima está concentrado en ubicar a sus compañeros en determinados juzgados; no tiene voluntad para luchar frontalmente contra la corrupción, para lo cual le falta fuerza moral.

Hay una situación peligrosa para la administración de justicia, ya que estamos ante el inaceptable uso del instrumento jurídico más importante para proteger la libertad individual contra los abusos contra los derechos fundamentales; las autoridades comienzan a perder la fe en el hábeas corpus y la población observa que la impunidad prevalece, ya que nadie es sancionado. Este asunto nos recuerda que, anteriormente, un juez penal del Callao declaró fundada una acción de garantía en favor de un recluso procesado por graves delitos de corrupción. La notificación se realizó sospechosamente en un fin de semana, el reo fue excarcelado y se fugó a Chile; la propia fiscal de la Nación denunció al magistrado por delito contra la administración de justicia, lo separaron del cargo, transcurrió el tiempo, volvió a la judicatura y ahora, increíblemente, postula para ser vocal superior titular.
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Propia

    Heriberto Manuel Benítez Rivas

    Heriberto Manuel Benítez Rivas

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    Columnista

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