Entre la prisa extractiva y la memoria territorial

La nueva ronda petrolera en Loreto, así como el adelanto de la litación del Lote 1AB (denominado ahora Lote 192) y la premura con que se quiere implementar la Consulta Previa, en medio de un cuestionado proceso, no coincide con la espera y expectativa que tienen las poblaciones indígenas afectadas por 40 años de explotación petrolera, para que el Estado empiece a cumplir con el rol que tanto se ha hecho esperar: el de ser garante de sus derechos elementales.

| 20 noviembre 2012 12:11 AM | Columnistas y Colaboradores | 1k Lecturas
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La prisa extractiva, además, nos puede impedir y/o dificultar conocer, entender y responder adecuadamente (con efectividad, eficacia, con justicia sobre todo) a los múltiples impactos producidos y, con ello, a un número significativo de pasivos ambientales y sociales que amenazan desde el pasado y el presente la vida de pobladores sacrificados en el altar del desarrollo nacional. Impactos que además podrían quedar enterrados en el olvido por la impunidad y el avance desesperado de un modelo de desarrollo mal planificado.

En ese sentido, si bien la consulta previa se puede entender como un escenario desde el cual los pueblos se proyectan y deciden hacia el futuro, en el ámbito de lo social, este derecho no podríamos entenderlo desligado del contexto donde la memoria recupera sus sentidos de justicia y dignidad, memoria que en ellos se construye tanto desde sus cuerpos individuales como territoriales.

Dicha recuperación nos conecta con la historia de las luchas de los pueblos contra el olvido, y de hecho, de sus innumerables logros frente a la impunidad, la exclusión y la desigualdad. Luchas contra el olvido, por ejemplo, el olvido de la desaparición de lagunas como Shanshococha y Ushpayacu en el Pastaza, región Loreto, y todo el efecto ambiental y social que ello significa; de la afectación por derrames en el río Marañón que niños y adultos, según recuerdan, veían como oportunidad de diversión y que luego se convertirían en años de enfermedades desconocidas y desaparición de peces; de la humillación al saber que muchos cambiaron (obligados o mal informados) el destino de sus bosques por actividades que no compensan toda la riqueza territorial perdida.

Los logros, como el acta de Dorissa en el 2007, con la que se planteó la reinyección del 100% de las aguas de producción vertidas en quebradas y ríos; como la Ley de Consulta Previa impulsada desde las luchas de todos los pueblos y que aún sigue en disputa; como la defensa de un territorio, que en realidad cumple con brindar servicios ecosistémicos a la humanidad.

El Estado tendría que entender este escenario, y de ahí responder elevando los estándares de derechos en el contexto de la o las consultas, mucho antes que se piense dar el paso de licitaciones cuestionadas desde la memoria y dignidad de los pueblos. Primero, asumiendo y solucionando los pasivos sociales que carga. Por otro lado, elevando el sentido de la información en zonas, donde los Estudios de Impacto Ambiental no podrán dar cuenta de los impactos sinérgicos y acumulativos de los diversos proyectos que se piensan instalar (exploración, explotación, transporte de crudo, no solo de uno sino de varios lotes) en zonas afectadas durante 40 años. Por último, entendiendo que la lucha de la memoria es la disputa por la dignidad y la verdad y, con ello, por el derecho a la reparación por los daños causados durante tan largo tiempo y que la prisa del extractivismo se empeña en borrar.

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Mario Zuñiga Lossio

Amazonía y Buen Gobierno

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR

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