En manos de las corporaciones

Una nefasta consecuencia del TLC con Estados Unidos pretende aplastar las políticas soberanas de los estados: el capítulo de inversiones permite que las corporaciones demanden a los Estados con el argumento que algunas leyes o regulaciones nacionales estarían afectando sus expectativas de utilidades. Esto ha sido utilizado por Renco Group (La Oroya) para demandar al Estado peruano por 800 millones de dólares. En los periodos de negociación, los defensores de este tratado se atrevieron a afirmar que esto no pasaría en el campo de los medicamentos. Lo que ocurre ahora en Canadá lo desmiente y levanta nuevas preocupaciones para nuestro país: la compañía Ely Lilly ha demandado al gobierno canadiense que, de acuerdo a la legislación vigente, ha invalidado la patente a un medicamento por no demostrar la utilidad terapéutica que la compañía adujo para conseguir dicha patente. La compañía se ha basado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que, seguido por el TLC Perú-Estados Unidos, pone a las corporaciones en el mismo nivel que los gobiernos y los derechos de sus ciudadanos, reconociéndoles prerrogativas para cuestionar las leyes y regulaciones así como los tribunales nacionales, sentando a los gobiernos en el banquillo de tribunales privados.

| 19 marzo 2013 12:03 AM | Columnistas y Colaboradores | 1k Lecturas
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Estos acuerdos otorgan derechos casi ilimitados a las corporaciones que se ponen por encima de las legislaciones nacionales. Un país como el Perú puede ser demandado por una corporación si es que ésta considera que los criterios de patentabilidad aplicados para alguno de sus medicamentos son “cuestionables” y afectan las utilidades esperadas. El dinero de los contribuyentes peruanos tiene que usarse entonces para pagar a la corporación por los montos que defina finalmente un tribunal privado. Más aún, los gobiernos no pueden mejorar sus regulaciones para, por ejemplo, proteger el medio ambiente o facilitar el acceso a medicamentos para quienes lo necesitan, pues correrían el riesgo de ser demandados por corporaciones que podrían argumentar que dichas normas las afectan.

En la negociación del Acuerdo Comercial Trans Pacífico en la que está involucrado el Perú, estas mismas cláusulas son incluidas, lo que ampliaría el espectro de posibilidades para que el país sea demandado por corporaciones con el argumento que políticas nacionales estarían afectando sus intereses, lo que resultaría en un gobierno atado de pies y manos, subyugado a la voracidad de las corporaciones.

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Roberto López Linares

Globalización con equidad