En la inversión: reciprocidad resucitada

Aunque no es necesaria una ley para que el art. 63 de la Constitución se cumpla, la propuesta legislativa de precisar los límites de la inversión extranjera (IED) es conveniente, aunque tardía, pues bastaba colocar peruanos que hicieran respetar el principio de reciprocidad comercial en los Ministerios de Transportes, Producción, Comercio Exterior, así como en el Indecopi.

Por Diario La Primera | 17 set 2008 |    

Toda IED es beneficiosa para el país pues propicia el desarrollo; pero lo es también para el inversor extranjero por las utilidades que obtiene, los royalties, uso de patentes, y tasas de intereses. Todo ello sin limitación alguna, ni requerimiento de permiso previo, como lo permite la actual ley fujimorista.

El tratamiento de la IED está dada por la igualdad frente a la ley y respeto de su propiedad, en consecuencia en cuanto a las exigencias de la Constitución como es la reciprocidad.

Para acogerse a los beneficios los inversionistas deben someterse a las normas relativas a la seguridad pública, al orden público interno e internacional; en la misma medida como deben cumplir con la Constitución, las leyes sociales y medioambientales.

La reciprocidad que consagra el art. 63 de la Constitución ha permanecido adormecida durante quince años ocasionando la descapitalización nacional por los inmensos lucros que se han repatriado más que por los puestos de trabajo. Pero además controlando los sectores estratégicos y poniendo en delicada situación el propio desarrollo y la seguridad nacional.

Para que una IED goce de las condiciones de igualdad en cuanto a su tratamiento respecto del nacional es necesario que primero haya sido admitida como tal por el Estado, es decir estar registrada.

Los países que no estipulan exigencia de registro, inscripción y aprobación previa, como el Perú están captando IED, dentro de un vacío impreciso, sin una partida de nacimiento que la proteja. El registro no sólo tiene importancia estadística sino que además reviste al inversionista de protección y amparo jurídico.

Su ausencia es peligrosa pues encubre posibles actos de corrupción ya que el Estado receptor no tiene control. Se debería admitir la deducción impositiva de los pagos extra-legales, permitidos y aceptados en algunos Estados, a fin de que el país receptor conozca cuáles fueron estos gastos. Las limitaciones exageradas a la IED son desestimulantes, pero la absoluta libertad para ingresar, operar y extornar lucros, beneficios e intereses, sin pedir reciprocidad, es nociva éticamente porque puede encubrir corrupción.

Es necesario fijar ante los sectores o actividades en los cuales se tiene interés así como los beneficios y obligaciones del inversor, cómo declarar ingresos y salida de capitales. La transparencia financiera que se les exige a los ciudadanos que perciben 10.000 dólares del exterior debe ser también extendida a toda IED.


    Aníbal Sierralta Ríos

    Aníbal Sierralta Ríos

    Opinión

    Columnista