Empresarios contra la seguridad y salud en el trabajo

La promulgación de la Ley de Seguridad y Salud ocurrida en agosto de 2011 costó casi ciento cincuenta muertos por accidentes de trabajo, solo en el sector formal de construcción civil, desde que la CGTP junto a diversas organizaciones sindicales presentaron la iniciativa legislativa hasta lograr la firma del presidente Ollanta Humala, debido a que su antecesor, Alan García, se negó a cumplir con dicho deber, lo que hubiera permitido que mucho de los fallecidos estuvieran hoy con sus familias.

| 22 febrero 2013 12:02 AM | Columnistas y Colaboradores | 1k Lecturas
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Lamentablemente, pese a que dicha norma ha sido reglamentada, cierto sector empresarial junto a determinadas bancadas parlamentarias (como la de Solidaridad Nacional) persisten en debilitarla a través de iniciativas legislativas destinadas a arrebatar atribuciones al Ministerio de Trabajo, como la de sancionar los accidentes en el sector minero, que en el 2012 provocó la muerte de 50 trabajadores en las mineras formales.

A esto se suma la campaña promovida por diversas entidades empresariales, como la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), tratando de desvirtuar las bondades de la norma, acusando de costo a una inversión que garantiza proteger la vida del personal que les permite obtener importantes ganancias. Para lograr su objetivo político denuncian con cifras las supuestas afectaciones a las mypes cuando está demostrado que los obstáculos en dicho sector son otros, como acceso al crédito y a la tecnología, sin dejar de lado la competencia desleal que se generan gracias a diversos acuerdos comerciales.

Los empresarios se olvidan que gozan de exoneraciones tributarias y privilegios como el Decreto Legislativo 1086 que les permite reducir los derechos laborales, sin dejar de lado las ganancias que obtienen con las services y la tercerización, que impiden a los trabajadores organizarse e incrementar sus ingresos, en momentos que el país crece 6% anualmente y las empresas multiplican sus ganancias.

La CGTP no cesará en su esfuerzo de impedir las pretensiones de imponer el lucro por encima del derecho a la vida de los trabajadores, además de rechazar cualquier intento de evitar que los empresarios sean sancionados hasta con cárcel por arriesgar la integridad de su personal, como lo demanda la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esperamos que la ministra de Trabajo no se deje sorprender y sea la primera en exigir el cumplimiento de la ley. Asimismo, solicitamos a las bancadas parlamentarias que lograron su aprobación evitar que prospere cualquier proyecto destinado a neutralizarla o derogarla. Las organizaciones sociales y sindicales también reiniciaremos nuestras acciones de lucha para que no puedan conseguirlo.

Finalmente, exigimos que se retome el debate de la agenda laboral presentada por la CGTP a comienzo del actual gobierno y que las autoridades intervengan en la solución de los conflictos laborales en Plaza Vea (GRUPO INTERBANK) y Kola Real (GRUPO AÑAÑOS JERI).


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Mario Huamán Rivera

Opinión

Columnista

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