El sistema de concesiones mineras: veinte años después

La reforma minera de 1991 significó el paso a un sistema casi exclusivo de iniciativa privada en el que cualquier persona jurídica o natural, nacional o extranjera, puede en teoría peticionar cualquier área del territorio peruano siempre que ésta cuente con las aprobaciones técnicas de las instituciones gubernamentales relevantes y las licencias o permisos de comunidades y/o propietarios prediales.

| 25 agosto 2011 12:08 AM | Columnistas y Colaboradores | 2.3k Lecturas
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Con ello, el derecho minero pasó a ser un derecho expectaticio, esto quiere decir que el título de concesión se hace sólo efectivo al momento que el concesionario cumple con dichas licencias y aprobaciones, y no cuando se admite el petitorio minero. Lo cierto es que este esquema en el que los concesionarios obtienen las licencias legales y sociales para desarrollar actividades mineras después de que el Estado les entrega el derecho, genera confusiones y expectativas en las poblaciones locales que creen erradamente que la declaratoria de petitorio sobre un área significa el inminente inicio de actividades de exploración y explotación minera. Sin embargo, afirmar que los conflictos socio-ambientales se originan por la falta de comunicación adecuada sería reducir el problema a un simple error de estrategia. El origen se encuentra en el sistema de concesiones mineras.

El problema con el sistema de concesiones mineras está en la incompatibilidad de su diseño con el estado de inmadurez de las políticas territoriales existentes y con el estado aún formativo de capacidades institucionales en el país, principalmente las ambientales. Un sistema de concesiones post facto en el que la entrega efectiva de los títulos de concesión puede tardar 2 meses o 2 años, requiere de lineamientos medianamente claros sobre los usos de tierras, desarrollo local y preferencias culturales sobre la biodiversidad. Pero este no es nuestro caso. Dado que los procesos de ordenamiento territorial suelen ser largos y que los conflictos socio-ambientales necesitan ser atendidos con prontitud es necesario hacer una evaluación del sistema actual de concesiones, en especial ante el inminente panorama que enfrentamos para los próximos diez o quince años, en los que las concesiones otorgadas a partir del año 2002 estarán próximas a iniciar operaciones y empiecen a saltar a la vista algunas de las fragilidades del sistema, como los proyectos de Tía María y Santa Ana han podido evidenciar.

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Paola Lazarte

Globalización con equidad

Columnista invitada de DESCO