El principio jurídico non bis in idem

El inciso décimo tercero del artículo 139º de la Constitución Política vigente indica la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, a esto se suma el inciso séptimo del artículo 14º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual establece que nadie podrá ser juzgado, ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la Ley y el procedimiento penal de cada país.

| 28 julio 2009 12:07 AM | Columnistas y Colaboradores |2.3k Lecturas
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Ítem más, el inciso cuarto del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos precisa que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos y el artículo 90º del Código Penal vigente estipula que nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente; adicionalmente, podemos decir que la propia Ley de Procedimientos Administrativos señala entre sus principios de potestad sancionadora que no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho.

Todos entendemos que las definiciones jurídicas de esta garantía están destinadas a evitar que una persona sea sometida a nuevos procesos judiciales por hechos que anteriormente ya han sido resueltos por el propio Poder Judicial (PJ) por medio de resoluciones firmes, consentidas o ejecutoriadas y con respeto al debido proceso legal; sin embargo, estas disposiciones legales no pueden estar referidas a las pesquisas preliminares que realiza el Ministerio Público, en su calidad de titular de la acción penal pública, defensor de la legalidad y de la sociedad. Los fiscales efectúan, en muchos casos, investigaciones deficientes, incompletas o irregulares y utilizan una serie de argumentos vergonzosos e ilegales para disponer el archivo de las denuncias presentadas, favoreciendo la impunidad, como está sucediendo en el caso de la matanza de los penales ocurrida en 1986, a pesar de existir una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó reabrir la causa.

Por ello, nuestro ordenamiento jurídico penal sólo respalda el principio jurídico del non bis in idem en causas resueltas por el órgano jurisdiccional, ya que las correctas resoluciones judiciales gozan de la majestad de la cosa juzgada. El Ministerio Público no puede gozar de este beneficio jurídico, sería muy peligroso, ya que, generalmente, los fiscales a pesar de existir una serie de evidencias e indicios razonables de culpabilidad, se resisten a formalizar una denuncia penal y los responsables de graves delitos terminan favorecidos rápidamente, sin necesidad de someterse a un proceso judicial; entonces, los afectados o agraviados se ven obligados a solicitar una nueva pesquisa preliminar esperando que otro Fiscal cumpla sus obligaciones. Esta situación, generalmente, está ligada a causas de corrupción, presiones políticas o partidarias, las cuales, por cierto, también, podrían originar una persecución contra opositores con la finalidad de amedrentarlos, asustarlos, silenciarlos o desacreditarlos ante la población.

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Heriberto Manuel Benítez Rivas

Heriberto Manuel Benítez Rivas

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