El populismo penal en el Mensaje Presidencial

Este 28 de julio el presidente Humala señaló sólo dos cuestiones relativas a la seguridad ciudadana: i) una nueva escala remunerativa para los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas; y, ii) el pedido de facultades legislativas al Ejecutivo con el fin de promulgar un proyecto de ley marco sobre seguridad ciudadana, delincuencia, criminalidad organizada, y defensa nacional.

| 02 agosto 2012 12:08 AM | Columnistas y Colaboradores |1.2k Lecturas
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Sin embargo, estos “logros” del gobierno pueden ser contrastados con algunas cifras a nivel nacional proporcionadas por la Policía Nacional del Perú que revelan que, respecto del año 2011, el número de personas requisitoriadas se ha incrementado en un 121%, el número de personas detenidas en un 98%, el número de armas de fuego incautadas en un 175%, el número de bandas organizadas en un 64%, el porcentaje de infractores juveniles en un 68%.

La agresión criminal a la hija del congresista Renzo Reggiardo significó un punto de quiebre en la política de seguridad ciudadana: Humala asumió, formalmente, la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). Sin embargo, sólo ha asistido a dos reuniones en este primer año de gobierno. La ausencia de un real liderazgo gubernamental en la dirección de la política de seguridad ciudadana ha fortalecido las orientaciones unilaterales que sobrevaloran el rol policial en detrimento del papel de los gobiernos regionales y locales, y de la comunidad organizada.

Nosotros consideramos que en los contextos sociourbanos inseguros una política de seguridad ciudadana importa la recuperación de la ciudad para el ciudadano común, lo cual implica, por un lado, la implantación de una cultura de paz (cuyo eje central sea la educación ciudadana para la convivencia) y, por otro lado, la aplicación del criterio de georreferenciación (conocimiento de las áreas delictivas en cada distrito a través del desarrollo de mapas de criminalidad y de encuestas de victimización, donde participen plenamente los ciudadanos).

Una gestión integral de la seguridad ciudadana implica el enfrentamiento de la corrupción policial mediante una política de rendición de cuentas y el balance comunitario de gestión de la policía, sin menospreciar el rico aporte del intercambio de experiencias de ella con los gobiernos regionales y locales, así como con la sociedad civil (policía comunitaria), y priorizando la coordinación entre ellos tanto a nivel preventivo como reactivo.

Otro aspecto no mencionado por el presidente es la implementación de una política de fiscalización de la correcta distribución de los recursos logísticos. La política de fiscalización debe complementarse con la puesta en marcha de un amplio proceso de democratización local que evalúe periódicamente el estado de la lucha contra el delito. Esto hará decrecer la cifra de muertes en las calles y detendrá el deterioro urbano.

Finalmente, una verdadera inclusión social en la seguridad ciudadana —otro aspecto omitido por Humala— debe partir de diagnósticos serios de las zonas de vulnerabilidad, de los lugares donde no hay presencia del Estado, de la ubicación de zonas sin control policial, y en la implementación de políticas de seguridad ciudadana local, discutidas en asambleas cívicas, en las que se realice el balance de la actuación policial, municipal, judicial y fiscal, donde además se diseñen los programas preventivos orientados a evitar el delito, principalmente en los jóvenes. Basta ya de populismo penal, avancemos hacia una visión integral de seguridad ciudadana.

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Rosa Mavila León