El Poder Judicial está contaminado

Hace pocos días hemos sido testigos de un nuevo escándalo que pone en tela de juicio el desempeño profesional de algunos jueces, quienes a pesar de ser denunciados ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fueron inexplicablemente exculpados, como el caso de César Vega ligado al vientre del APRA o devueltos sus expedientes para que el propio Poder Judicial (PJ) les aplique sanciones menores, como lo sucedido con el magistrado supremo titular Robinson Gonzales y el vocal superior titular Ángel Romero, para quien el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) pidió la destitución.

| 06 octubre 2009 12:10 AM | Columnistas y Colaboradores | 608 Lecturas
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Realmente increíble; la Institución encargada constitucionalmente de sancionar no cumple con sus obligaciones y termina favoreciendo la impunidad.

Esta situación pone en grave riesgo la seguridad jurídica de la Nación; la existencia de un engranaje judicial que gira en torno al gobierno, donde figuran algunos letrados y magistrados de diversas instancias cercanos al jefe de Estado, dispuestos a mantener alianzas estratégicas para beneficiarse y favorecer a los responsables de graves ilícitos penales, constituye un peligro latente que debemos enfrentar con armas legales y sin temor de ninguna naturaleza. Ítem más, llegan a mantener en el cargo a magistrados cuestionados, como el caso del juez civil del Cono Este, donde a pesar de las graves denuncias interpuestas ante el Ministerio Público y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por serios indicios de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, corrupción de funcionarios e inconducta funcional, todo sigue igual; la influencia familiar de aquel magistrado, extrañamente, lo mantiene cerca de 15 años en el cargo, nadie lo amonesta y tiene un sospechoso respaldo de autoridades de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Debemos exigir cambios radicales en el Poder Judicial (PJ); la verdadera reforma de la administración de justicia empezará, el día que los jueces o fiscales corruptos no sólo sean destituidos sino que, además, sean condenados a penas efectivas de prisión. Esta labor le corresponde iniciarla al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) donde, en pocas semanas, se producirá el cambio de cinco de sus miembros y eso nos da la esperanza que la situación cambiará; por eso, los ligados al engranaje judicial del gobierno están asustados. Para ello, utilizando sus influencias, han logrado que el Poder Ejecutivo presente una iniciativa legislativa para interferir las elecciones para representantes de los colegios profesionales y de los abogados del país, llegándose al extremo de colisionar con los incisos tercero y cuarto de artículo 155º de la Carta Política y buscando atropellar los derechos de su agremiados.


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Heriberto Manuel Benítez Rivas

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Columnista