El inexistente Ministerio de Trabajo

A pocas horas de efectuarse el contundente Paro de Construcción Civil que convocó a más de 100 mil obreros a nivel nacional y 20 en Lima, la ministra de Trabajo, Manuela García, sorpresivamente apareció en los medios con la finalidad de aminorar el impacto de la masiva movilización de los trabajadores del andamio.

Por Diario La Primera | 16 jul 2010 |    

Estas declaraciones se efectuaron casi en paralelo con una marcha de supuestos obreros de construcción de filiación aprista que tenía el mismo objetivo, minimizar la convocatoria a la exitosa huelga del 14 de julio. La “coincidencia” demostraría una vez más lo que la Federación de Construcción Civil (FTCCP) y la CGTP denuncian desde hace años, la relación estrecha entre el gobierno y un sector de prontuariados y acusados de extorsión.

En el 2008, el presidente García se reunió en Palacio de Gobierno con algunos de estos personajes y que luego se inició una campaña de desprestigio contra la FTCCP y la CGTP, además de profundizarse la violencia en las obras, debido al enfrentamiento de las mafias lideradas por algunos de los supuestos dirigentes sindicales, quienes habrían recibido después de su encuentro con el mandatario, impunidad política y judicial.

Mientras los trabajadores formales denunciábamos públicamente estos hechos mencionando el nombre de los cabecillas con sus respectivos alias, el Ministerio de Trabajo reconocía a sus seudo-sindicatos de forma inmediata dándoles legalidad. Sin embargo, a los trabajadores no apristas se les efectúa una serie de observaciones para impedir el registro de su sindicato, demora que en la práctica les cuesta el despido.

Esta realidad evidencia la inexistencia del Ministerio de Trabajo y la precaria gestión de la ministra. Su labor está destinada a defender la alianza del gobierno con sectores antidemocráticos, como en el caso de construcción civil y los intereses de las grandes corporaciones, como ocurrió en la huelga de los mineros de Shougang Hierro Perú.

A esto debemos de sumar, la situación de los trabajadores públicos bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), que no recibirán gratificaciones y otros derechos, evidenciándose una clara discriminación que viola las leyes nacionales y los convenios de la OIT. Frente a esto, la ministra responde con el silencio.

Sólo nos queda esperar que en el próximo quinquenio asuma un gobierno verdaderamente democrático que convierta al Ministerio de Trabajo en un verdadero instrumento de justicia social para todos.

Expresamos nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores de Serpost, Bimbo y Alicorp, quienes exigen trabajo digno y respeto a sus derechos.


    Mario Huamán Rivera

    Mario Huamán Rivera

    Opinión

    Columnista