El DL 1086: la pseudo revolución laboral del APRA

La conversión del Presidente Alan García al neoliberalismo es uno de los principales obstáculos para un verdadero desarrollo nacional, con inclusión y sin discriminación. El mandatario intenta, contra lo que prometió, convencer a la población que el modelo económico impuesto con violencia por el fujimorismo, donde los ricos se hacen más ricos y los pobres obtienen migajas para sobrevivir, nos llevará al paraíso de la modernidad y el progreso.

Por Diario La Primera | 08 ago 2008 |    

Aquí un ejemplo. Días atrás, el Jefe de Estado alabó al DL 1086, conocido como Ley Mypes, que reemplaza a la Ley 28015, promulgada por Alejandro Toledo para recortar los derechos laborales y formalizar a los micro y pequeños empresarios. A cinco años del dispositivo, el resultado fue calamitoso. Pocos se formalizaron (10% de lo estimado) pero millones de trabajadores (2’189,833) perdieron beneficios e ingresos, que fueron a las arcas empresariales, no por productividad sino por precariedad laboral y mayor explotación.

El gobierno no tuvo mejor idea que profundizar las deficiencias de la norma; si antes perjudicaba a quienes laboraban en empresas de 1 a 10 personas, hoy afecta a los de empresas de hasta 100 trabajadores. Es decir, ahora 1’363,324 ciudadanos antes regidos por el DL 728, serán absorbidos por la nueva norma (1086), perdiendo gran parte de sus beneficios laborales y económicos.

El DL 1086, también restringe la CTS, gratificaciones, indemnización por despido, vacaciones y promueve la inequidad al impedir el aseguramiento de trabajadores nuevos de las microempresas en ESSALUD y establece como alternativa al Seguro Integral de Salud (SIS) que no cuenta con recursos para ofrecer los servicios del Seguro Social. Toda una pseudo revolución laboral aprista.

Sería pertinente hacerle una pregunta al Presidente. ¿En qué se invertirá el dinero que no se pagará a los trabajadores, cuyos derechos serán disminuidos? Podemos ensayar una respuesta. En fortalecer a quienes controlan el poder político y económico, ayer protegidos por el reo Fujimori y hoy por el converso Alan García.

En conclusión. No cabe duda, que éste es un gobierno de los ricos como dicen las encuestas. Ante ello, la CGTP y la Coordinadora Política y Social han convocado a las Asambleas Nacionales para el 22 y 23 de agosto con el objetivo de articular acciones de lucha democráticas para conseguir la tan anhelada justicia social, ofrecida y negada por el gobierno.


    Mario Huamán Rivera

    Mario Huamán Rivera

    Opinión

    Columnista