El derecho a la libertad personal

El 25 de agosto del 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una acción de hábeas corpus interpuesta contra el representante legal de la Clínica San Pablo, por vulneración al derecho a la libertad personal, ya que de manera ilegal se negaban al trasladado de un paciente al Hospital “Edgardo Rebagliati” a fin que continúe su tratamiento de pancreatitis aguda, por la existencia de una supuesta deuda que no era cubierta por la compañía de seguros Pacífico-Vida.

Por Diario La Primera | 22 set 2010 |    

El accionado expresaba que estaban efectuando gestiones administrativas, que habían conseguido una cama en el Hospital Guillermo Almenara y que la demora era originada porque los familiares del beneficiado no se acercaban a firmar su retiro de la Clínica. El Poder Judicial (PJ) con una conducta ajena a la protección de los derechos fundamentales, propia de algunos vocales superiores irresponsables que actúan con frialdad, había declarado infundada la demanda.

El Tribunal Constitucional (TC) advirtió que el favorecido no había sido objeto de una privación de su libertad, sino de una restricción, siendo impedido, temporalmente, de ejercer su libertad física por el condicionamiento del pago de una deuda originada por los servicios hospitalarios en la clínica emplazada; y añade, de manera fulminante, en el punto quinto de su fallo que “aunque la satisfacción de la acreencia de orden patrimonial resulte legítima, el medio que se utilice para hacer efectivo su pago bajo ningún punto de vista puede consistir en la restricción del ejercicio efectivo de la libertad personal; pues los seres humanos no pueden ser considerados como objetos para la consecución de un fin”.

Ahora bien, esta lamentable situación nos recuerda el nefasto gobierno de Alberto Fujimori donde sucedió algo parecido con Leonor La Rosa, ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), quien fue secuestrada en las instalaciones del Hospital Militar, por disposición superior; la paciente no podía conferenciar con el abogado de su elección, tenía prohibidas las visitas de parientes directos, familiares y amigos, le impedían trasladarse a otro nosocomio a fin que le realicen una tratamiento adecuado y hasta incluso fue amenazada de muerte. En aquella época, tuvimos que interponer dos acciones constitucionales de hábeas corpus, la primera por secuestro y la segunda por violación de la libertad personal; ambos procesos fueron declarados fundados por el propio Poder Judicial (PJ), las violaciones a los derechos humanos fueron debidamente comprobadas y las autoridades castrenses se resistían a cumplir los mandatos del órgano jurisdiccional (1997).

Finalmente, el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) llegó al extremo incalificable de declarar inaplicables las acciones constitucionales de hábeas corpus; sin embargo, logramos rescatarla del nosocomio castrense y con una ambulancia al mando del Director del Hospital Militar fue trasladada a la entonces Clínica “Corpus Christi”, ubicada en el distrito de San Borja. La sorpresa fue mayúscula ya que cuando llegamos a dicho centro médico, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) había dispuesto su clausura porque horas antes “alguien” compró una medicina y no entregaron una boleta de venta. El general EP, que comandaba la delegación, con una sonrisa burlona, ordenó retornar al Hospital Militar. En ese instante apareció, vestido de blanco, el director médico de la Clínica quien afirmó que los abusivos podían impedir el acceso al público, pero que la emergencia médica jamás se clausuraba.


    Heriberto Manuel Benítez Rivas

    Heriberto Manuel Benítez Rivas

    El dedo en la llaga...

    Columnista