El cuco del Ciadi

Cada vez que los intereses de la nación o de las comunidades entran en colisión con los de alguna empresa extranjera, o que el país necesita hacer respetar sus intereses en sus relaciones con inversionistas extranjeros, se suele levantar el fantasma del famoso Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, como temible tribunal draconiano que nos ajustará cuentas y nos obligará a pagar cuantiosas indemnizaciones, si acaso intentamos aplicar nuestra racionalidad o nuestras leyes en función de procesos sociales o económicos soberanos que así lo aconsejan.

| 03 diciembre 2011 12:12 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.2k Lecturas
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Quienes enarbolan esa amenaza lo hacen con tono fatalista, señalando que, sin más remedio, tenemos que someternos porque será peor si nos llevan ante el Ciadi, al que nos uncieron, evidentemente para someternos y no para garantizar relaciones maduras y respetuosas entre el Estado y los capitales extranjeros, gobiernos evidentemente favorecedores de intereses ajenos a los del Perú.

Nadie puede negar la importancia del Ciadi, pero es irracional sostener, como lo hacen quienes lo ensalzan casi como un tribunal divino, que nada hay que se pueda hacer si nuestra causa es justa, si por ejemplo, para defender la vida y el medio ambiente, que viene siendo lo mismo, nos viéramos obligados a revisar los términos de algún acuerdo, concesión u otro compromiso desaprensivamente asumido por administraciones anteriores.

Estamos seguros que el Perú no quedará inerme ante el Ciadi, si apelara a razones de justicia y fundamento para una decisión política de ese tipo, por ejemplo en defensa del medio ambiente, de los recursos acuíferos o del derecho de las comunidades a decidir sobre un proyecto que afecte sus vidas.

La opinión pública internacional, que en el mundo desarrollado tiene real influencia, estaría del lado del Perú, sobre todo teniendo en cuenta la gran importancia que mundialmente se da a la defensa del entorno y a la necesidad de frenar los abusos de las transnacionales de conducta poco ética.

Un país vecino, Bolivia, fue llevado al Ciadi por haber anulado la privatización del servicio de agua potable de la ciudad de Cochabamba que había favorecido a la empresa transnacional Bechtel, asociada a Abengoa de España. Una gran protesta social contra las desmesuradas alzas de tarifas del servicio motivó la decisión en el año 2000.

La empresa, que apenas había invertido un millón de dólares y había subido tarifas para recuperar esta suma y ganar con celeridad pingües utilidades, demandó dos años después ante el Ciadi una indemnización de 50 millones, alegando que eso era lo que había dejado de ganar al ser anulado su contrato.

El abuso desató una fuerte presión internacional a cargo de 300 grupos solidarios de 43 países en contra de Bechtel y Abengoa por lo que fueron denunciados en protestas públicas y mediante otras acciones, haciendo una presión tal que el consorcio se vio en la necesidad de plantear en el 2006 al Estado boliviano un arreglo en el que pidió 30 centavos de dólar como indemnización simbólica, para salir de un problema que estaba afectando sus posibilidades de expansión empresarial, al mellar su imagen.

Hace unos días, en Costa Rica, la Corte Suprema dictaminó, al cabo de un proceso de 18 años, que un proyecto minero autorizado en la zona de Crucitas, no podía ejecutarse, porque la población del mismo nombre se oponía. Prevaleció la ley y el interés de la comunidad, por encima de intereses y fantasmas a los que no hay que desafiar, pero ante los cuales no hay que agachar la cabeza como única alternativa.


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