El apuro puede costar caro

El presidente Humala definió la posición del gobierno frente al proyecto Conga y las demandas que sectores de Cajamarca han planteado ante la inminencia del inicio de su explotación. El conflicto en curso alrededor de esta inversión ha empujado al gobierno a tomar decisiones que en algunos casos significan postergar definiciones más de fondo que, solo son posibles de tomar con éxito al inicio de la gestión.

| 19 noviembre 2011 12:11 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.4k Lecturas
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Un tema presente en el discurso presidencial del 28 de julio que ha perdido espacio progresivamente ha sido el del ordenamiento territorial (OT). Al parecer la necesidad de definir orientaciones nacionales respecto al territorio y la gestión de los recursos presentes en él pasa a un segundo lugar ante la apuesta por la realización de los proyectos extractivos que proveerán de dinero al fisco. Es un error pensar que el OT iba a ser un dique a toda la actividad minera. Más bien debería ayudar a identificar los lugares donde esta actividad (u otras actividades económicas), por más avanzada que sea hoy la tecnología, tendría impactos ambientales o económicos negativos de larga duración, de tal modo que estas decisiones no se basen en el poder del dinero o la presión de los bloqueos.

En términos que se han puesto de moda en estos días: hay lugares donde es posible el agua y el oro, pero también es necesario definir dónde extraer oro y tener agua, con la tecnología actual, son dos objetivos incompatibles.

En este marco, la decisión de concentrar competencias relacionadas a los Estudios de Impacto Ambiental, a la fiscalización ambiental, la gestión del recurso hídrico en la PCM, resulta una salida de coyuntura, que aparentemente supera las diferencias producidas entre algunos ministerios. En realidad debilita al Ministerio del Ambiente y la posibilidad de contar con una autoridad lo suficientemente fuerte, tal como se demostró recientemente en Madre de Dios. La necesidad de distinguir con claridad en el Ejecutivo la promoción de la inversión y la fiscalización para que esta se realice con responsabilidad ambiental, no se logra con la decisión tomada.

Se está desperdiciando el apoyo político y social con el que cuenta el gobierno para convocar a la construcción de un acuerdo de largo plazo sobre el rol de la actividad minera que involucre a Estado, empresa y sociedad, en el que se expresen la nueva situación social y política que vive el país expresada en el triunfo de Ollanta Humala.


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Fernando Romero Bolaños

Globalización con equidad

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