El antisistema contra la corrupción

Durante la década pasada, las escasas instituciones encargadas del control concurrente de la corrupción, entre ellas la Contraloría General, fueron copadas y su accionar se desenvolvió entre el ocultamiento de las prácticas ilegales y su utilización como arma de chantaje y persecución. La misma suerte corrió el Poder Judicial que, a su turno, también padeció esta misma política pro corrupción.

Por Diario La Primera | 18 dic 2008 |    

Posteriormente, durante los gobiernos de Paniagua y Toledo, se comenzaron a desarrollar diversas instituciones, que tenían por finalidad actuar tanto en su fase preventiva la UIF y en la punitiva (P.J.) con los juzgados anticorrupción, a la cual se aunó la procuraduría anticorrupción y cuyos resultados han mostrado significativos avances en la dirección acertada, y la ciudadanía en general así lo reconoce.

A esta prometedora acción de gobierno se le denominó sistema de lucha contra la corrupción, el que adoleció de falta de articulación y fortalecimiento institucional y de capacidades.

Algún sector de la ciudadanía pensó que el actual régimen continuaría con la construcción y fortalecimiento de este “sistema”, toda vez que permanentemente se ha declarado como defensor del sistema en general, sin embargo ha tomado la ruta del antisistema, para lo cual ha emprendido una sostenida demolición del existente, como ha sido la prácticamente desactivación de la UIF, del Consucode y ahora pretende hacer lo mismo con la Contraloría.

He sostenido que las ideologías son sólo un pretexto cuando se trata de eliminar los órganos o el sistema de control para satisfacer intereses espurios de “minorías eficientes o eficaces”. La Contraloría está en el ojo de la tormenta, ahora se le acusa de cometer excesos en lo que es y ha sido justamente su debilidad, el haber ejercido en demasía el control posterior y muy pocos exámenes especiales.

Esta realidad verificable hace inviable la sustentación o pretexto ideológico que la Contraloría es un obstáculo para la rapidez con que las licitaciones públicas requieren llevarse a cabo, en razón que sólo viene ejerciendo el control posterior a la convocatoria y el otorgamiento de la buena pro.

Si los actuales operadores políticos del antisistema de corrupción no se han percatado que el derrumbe de un sistema y la puesta en marcha de uno nuevo ad-hoc a sus intereses va a demandar un tiempo más prolongado que su propia gestión, lo que va a ocurrir es que la demanda y reclamos ciudadanos se van a encausar hacia el Poder Judicial, ¿será éste la próxima víctima?


    Luis Gómez Cornejo

    Luis Gómez Cornejo

    Opinión

    Columnista