Doe Run Perú y el TLC con Estados Unidos: demanda de arbitraje.

Amparado en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el 7 de abril del 2011, Renco Group demandó al gobierno peruano ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), por US$ 800 millones de dólares.

| 19 octubre 2011 12:10 AM | Columnistas y Colaboradores | 2.6k Lecturas
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Renco Group argumentó que Doe Run Perú había recibido “un trato injusto e inequitativo” del gobierno peruano y que no había gozado de “protección y seguridad” como inversionista de capitales estadounidenses que exige el tratado.

La sola demanda, obliga al Estado peruano a destinar recursos y definir una estrategia que impida que Doe Run Perú, obtenga un laudo arbitral beneficioso, es decir una sentencia favorable.

Recordemos que un compromiso adquirido por Doe Run Perú, al momento de la compra del complejo metalúrgico en 1997, fue la ejecución del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental), presentado por la estatal CENTROMIN, de acuerdo a las exigencias ambientales impuestas por el sector minero de la época.

El trato con el Estado peruano fue que Doe Run Perú se comprometería a realizar las acciones e inversiones necesarias, para incorporar adelantos tecnológicos y medidas alternativas, que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones y vertimientos, para poder cumplir con los niveles máximos permisibles. Todo ello, con plazos fijos e improrrogables; es decir, cumplir el PAMA.

Y el Estado, por su parte, a través de Activos Mineros, se responsabilizaría por la remediación de los suelos de La Oroya, asumiendo con ello, los impactos ambientales generados por CENTROMIN entre 1974 y 1997.

A la fecha, Doe Run Perú no ha cumplido al 100% con su PAMA. Sin embargo, desde un inicio se le permitió hacer 3 modificaciones al programa inicial y se le concedieron dos prórrogas. El costo de aplicar las más bajas políticas ambientales, financieras y de salud pública en La Oroya ha sido muy alto y le está pasando la factura al Estado peruano.

¿Qué ganaría la empresa con esta demanda de arbitraje? Al parecer, Doe Run Perú busca ejercer presión para que el gobierno peruano ceda y flexibilice nuevamente sus compromisos ambientales y financie la millonaria deuda que tiene ante SUNAT.

¿Cuál va ser la salida que el gobierno peruano se plantee ante el CIADI? Pues perder el arbitraje, sería muy grave no sólo en términos económicos, por la magnitud de la indemnización, sino en términos políticos, pues sería un pésimo mensaje para el sector empresarial y una burla para la población de La Oroya, severamente afectada por la contaminación ambiental.



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