Día del Trabajador

El fujimorismo fue un régimen profundamente anti-trabajadores.

Aunque se haya querido presentar al 5 de abril como una “necesidad” para aplicar medidas económicas excepcionales, la principal de todas ellas, el fujishock, se lanzó el 8 de agosto de 1990, y el DL 674 de las privatizaciones lo ratificó el Congreso antes del golpe de Estado, por tanto la dictadura del 92 solo sirvió para implementar con más fuerza el rumbo que ya estaba trazado y para el que el gobierno tenía el respaldo de los partidos de la derecha.

| 01 mayo 2012 12:05 AM | Columnistas y Colaboradores | 2k Lecturas
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Y que se haya querido decir que el cierre del Congreso y los tanques en las calles era una señal para Sendero Luminoso y el MRTA, ya que la democracia no servía para combatirlos, la verdad es que la política que llevó a la captura de Abimael Guzmán y la cúpula de las organizaciones subversivas estaba en desarrollo cuando se violó brutalmente la Constitución y se sometió al país al imperio de las armas.

Lo que sí fue enteramente una novedad golpista, con una avalancha de decretos pos 5 de abril, fue el ataque a fondo contra los derechos laborales y contra la capacidad de defensa de los trabajadores a través de los sindicatos y la negociación colectiva. Esta fue una guerra particular de la mafia del “chino” que entregó la cabeza del movimiento sindical a los gremios empresariales.

Podemos apuntar algunas de las más importantes contribuciones del fujimorismo a crear un total desequilibrio en las relaciones capital-trabajo que persisten hasta la fecha:

- Ningún aumento salarial en diez años.

- Virtual desaparición del salario mínimo

- Despido masivo de trabajadores públicos a través de mecanismos de “evaluación” y “racionalización”

- Reducción de número de trabajadores de empresas públicas para la privatización.

- Creación de planillas secretas para pagar a la tecnocracia dorada.

- Congelamiento y tope a las pensiones

- Debilitamiento y distorsión de la jornada de ocho horas y de la obligación de pago de horas extras.

- Creación de múltiples sistemas de contratación al interior de una misma empresa, fraccionando los intereses de los trabajadores.

- Tercerización del empleo a través de subcontratistas.

- Posibilidad de crear varios sindicatos en la misma empresa.

- Prohibición de sindicatos en unidades con menos de 20 trabajadores.

- Cancelación del carácter acumulativo de los pliegos de reclamos.

- Distorsión del sistema de negociación colectiva, etc.

Los trabajadores y sus sindicatos no eran responsables de la crisis económica ni de la violencia, pero fueron arrasados por la reforma fujimorista. Es por eso que desde el año 2000, con la llamada transición democrática venimos viviendo la persistente ilusión de la restitución siquiera parcial de los derechos conculcado y en doce años no se ha avanzado un solo paso.

¿Por qué? Porque durante todo este tiempo los gobiernos de la democracia no han querido chocar ni siquiera mínimamente con los grandes empresarios y han preferido derivar el tema del nuevo pacto capital-trabajo a una negociación que pretende alcanzar un nuevo consenso. La realidad ha mostrado que los representantes de los trabajadores van a este esfuerzo con su propia agenda, pero buscando acuerdos mínimos que permite recuperar algo de lo perdido.

Pero la CONFIEP va con el planteamiento de que todavía el costo laboral es demasiado alto en el Perú, o sea que hay que reducir aún más los derechos y que mucho poder sindical es peligroso. Así no hay base de acuerdo. Y los gobiernos no se atreven a romper el falso empate que mantiene el esquema fujimorista. Ni siquiera cuando se dispone de un proyecto de Ley General del Trabajo como el que mandó a elaborar el actual gobierno y no se decide a hacer votar en el Congreso.


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Raúl Wiener

POLITIKA

Analista