Deuda pública omitida

La aportación del sector privado a la construcción de infraestructura y la prestación de servicios públicos es positiva para el país.

| 11 mayo 2012 12:05 AM | Columnistas y Colaboradores | 1k Lecturas
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Si el sector público no puede asumir sólo estas actividades, es aceptable que el sector privado lo acompañe. Sin embargo, este gobierno y el anterior tienen prácticas inadecuadas que pueden generar tanto que el costo de esta participación supere al que ocurriría si estuvieran a cargo del sector público, como afectar la sostenibilidad fiscal del país para el mediano y largo plazo.

La participación del sector privado a través de las asociaciones públicas y privadas (APP) se realiza en dos tipos de proyectos que se denominan como autofinanciados o autosostenibles y cofinanciados. Entre los primeros destaca el Aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde la ampliación y operación están a cargo del sector privado, quien genera ingresos suficientes para financiar la inversión programada, pagar al Estado una contraprestación como porcentaje de los ingresos brutos y ser rentable. El otro caso son los proyectos cofinanciados, donde los ingresos previstos por el operador privado no serían suficientes para solventar el programa de inversión y operación. Aquí el Estado deberá transferirles periódicamente recursos financieros. La suma de estas transferencias son deudas (pasivos) en firme o contingentes (asociados al desempeño de variables específicas).

Al 31 de diciembre del 2010, última información disponible, las deudas en firme y contingentes del gobierno al sector privado por APP ascendieron a US$ 9,174.1 millones. Es insólito que los pasivos en firme y contingentes no se sumen a la deuda pública de mediano y largo plazo. Sólo se mencionan en los informes de deuda pública del MEF. Es equivocado que se les aplique una tasa de descuento, ya que esto no ocurre con las otras deudas. Sólo entre 2012 y 2022 se estaría pagando al sector privado alrededor de US$ 500 millones anuales. Se desconoce cómo se valúan los pasivos contingentes. Obviamente nadie audita estos cálculos que pueden multiplicar los compromisos del Estado.

No hay que olvidar que las APP también cuestan al gobierno y a todos nosotros. El registro adecuado de estas deudas es esencial. También hay otros problemas serios que deben ser examinados. Muchos de estos proyectos se diseñan precipitadamente, los montos de las obras cambian continuamente, los contratos se modifican muchas veces anulando la validez de los concursos, hay pocos contratistas e incentivos perversos para sobrevaluaciones. Desde el origen hay problemas, ya que no se evalúa adecuadamente quien debería realizar el proyecto. Algunas obras nos podrían costar más, realizadas por el sector privado que por el gobierno.


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Germán Alarco Tosoni

Opinión

Profesor Universidad del Pacífico