Por la Derogatoria de los DL 1094, 1095 y 1096

Debido a la presión nacional e internacional, el presidente García tuvo que remitir al Congreso el proyecto de ley para derogar el Decreto Legislativo 1097 que propiciaba una amnistía encubierta para los violadores de derechos humanos. Este pedido fue aprobado por la mayoría de parlamentarios con el voto en contra de un aprofujimorista. Este hecho ocurrió coincidentemente al cumplirse los diez años de la difusión del video Kouri-Montesinos, que marcó el inicio de la caída definitiva de la dictadura fujimorista.

Por Diario La Primera | 17 set 2010 |    
Esta nueva crisis propició la salida del premier Javier Velásquez y de la mayoría de integrantes de su gabinete. Es necesario precisar que los cambios ministeriales en el actual gobierno siempre han sido marcados por la corrupción y el escándalo, como ocurrió con Jorge del Castillo con el caso “Petroaudios” y Yehude Simon con el Baguazo.

Ahora durante la gestión del premier José Antonio Chang, se inicia una nueva batalla contra el autoritarismo y la represión. Si bien García no pudo mantener el DL 1097, ha logrado su objetivo de militarizar el orden público a través de otras normas, como los DL 1094, 1095 y 1096. Ante la incapacidad de atender las demandas de la población, la derecha económica y política está dispuesta a declarar el estado de guerra para defender sus privilegios, como viene ocurriendo en Espinar (Cusco).

Algunos de estos dispositivos se contraponen a las disposiciones del Tribunal Constitucional. El gobierno ha vuelto a insistir en que determinados delitos que provoquen los militares que antes eran juzgados en el fuero civil, ahora se juzgarán en el militar y policial (1094), lo que implica volver a las prácticas fujimontesinistas y generar otra forma de impunidad. A esto se suma, la reestructuración de dicho fuero para permitir que militares en actividad juzguen a sus compañeros de armas (1096), contraviniendo las normas internacionales.

Asimismo, el 1095 declara la criminalización de la protesta social, incorporando el ambiguo concepto de “grupo hostil” que sería aplicado en la práctica a los reclamos que efectúen los ciudadanos y sus organizaciones. En ese escenario, las comunidades nativas y los sindicatos podrían ser acusados de hostiles y reprimidos por las fuerzas armadas.

La CGTP junto a otras organizaciones presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra las referidas normas y formará parte de la plataforma de la Marcha de los Pueblos convocada para el 12 de octubre para rechazar la exportación del Gas y la construcción de la Hidroeléctrica de Inambari.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Espinar.


    Mario Huamán Rivera

    Mario Huamán Rivera

    Opinión

    Columnista