Democracia y revocatoria

La democracia peruana anda como el cangrejo. En lugar de ir hacia adelante, no solo camina, sino que corre hacia atrás. Un buen ejemplo de ello es el próximo proceso de consulta para revocar o no a la alcaldesa Susana Villarán y a los regidores del municipio metropolitano.

| 10 febrero 2013 12:02 AM | Columnistas y Colaboradores | 3.6k Lecturas
Democracia y revocatoria
LO QUE DEBE ACLARAR EL JNE

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No estar de acuerdo con una autoridad no necesariamente significa estar de acuerdo con su revocatoria. Para que el SÍ gane debería tener más votos que la suma del NO más los votos viciados.
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A nadie deberá extrañar que dicho proceso pase a la historia como el más caótico, desordenado, opaco y tramposo de los que hemos tenido. Hasta ahora el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), uno se pregunta si lo hace a propósito, no ha terminado de explicar cuáles serán todos los criterios que lo regirán. No hay un reglamento del proceso revocatorio.

Sería bueno que el JNE ponga a discusión si una autoridad puede ser revocada con menos votos de los obtenidos en la elección en la que fue elegida. Con la actual legislación electoral un regidor puede ser revocado con unos cuantos miles de votos, cuando la lista en la que ganó el derecho a ser autoridad obtuvo más de un millón de votos en las elecciones. Esto ya ha sucedido en otras consultas al interior del país.

Y si bien la lógica y la política nos dicen que ello NO es posible, ya que iría en contra de la primera regla de toda democracia: una minoría no puede imponerse sobre una mayoría, el silencio –¿será premeditado?- de las autoridades electorales, puede conducirnos en Lima a este absurdo antidemocrático.

En realidad, la posibilidad de que una minoría termine imponiendo su voluntad en esta consulta, se debe a las modificaciones introducidas durante los gobiernos de Alejandro Toledo en el 2004 y Alan García en el 2009 a las normas que regulan este proceso.

Si hasta ese momento un proceso revocatorio era válido cuando votaban la mitad más uno de los inscritos en el padrón electoral, con estas modificaciones se consideró legal una consulta cuando del total de votos emitidos la mitad más uno fueran válidos con lo cual el porcentaje para revocar una autoridad disminuyó considerablemente. El padrón electoral dejó de ser un referente y con ello se abrió la posibilidad para que las minorías impongan, finalmente, sus intereses.

También el Jurado debe aclarar si los votos blancos y viciados serán considerados para definir los resultados en el escrutinio. La razón es la siguiente: no estamos frente a un acto electoral para elegir autoridades sino frente a una consulta. Son procesos de naturaleza distinta.

En la consulta, estos votos, me refiero al viciado o nulo cuando es concientemente viciado por el elector, deben ser considerados al momento del escrutinio porque expresan claramente una voluntad de rechazo al proceso mismo de revocatoria de la autoridad.

No estar de acuerdo con una autoridad no necesariamente significa estar de acuerdo con su revocatoria. Para que el SÍ gane debería tener más votos que la suma del NO más los votos viciados. Queda pendiente el debate sobre los votos en blanco.

El JNE también debe tener una definición muy clara sobre qué entiende por propaganda electoral indebida. Hasta el momento varios Jurados Electorales Especiales de Lima han abierto 62 procesos al municipio metropolitano porque consideran que determinados carteles puestos por éste en la vía pública, referidos a temas vinculados al orden de la ciudad o la difusión de servicios y no al proceso revocatorio, son considerados propaganda electoral.

A ello hay que añadir que solo para impugnar dichos procesos el municipio tendría que pagar, hasta ahora, un poco más de 55 mil soles, puesto que la tasa por cada uno es de 900 soles. Otro absurdo.

Por eso es importante que estas cuestiones básicas sean aclaradas en el corto plazo por el JNE si queremos un proceso electoral limpio, que ayude al fortalecimiento de la democracia y que no contribuya, más bien, a generar caos y mayores desconfianzas en el sistema, como hoy sucede.

Por otra parte, el Congreso de la República debería normar la participación de los congresistas en este proceso. Por ejemplo, el congresista Mauricio Mulder amenazó hace unos días a los partidarios del NO con llevarlos a la Comisión de Fiscalización del Congreso porque según este parlamentario, la empresa encargada de desplegar los paneles a favor de Susana Villarán no contaba con licencia municipal.

Como sabemos, Mauricio Mulder es aprista y su partido es contrario a Susana Villarán, es decir, está a favor de la revocatoria. Incluso ha nombrado a una militante de esa agrupación como una de las voceras de la campaña por el SÍ.

Cabe preguntarse si ello es ético y si estamos frente a un abuso de poder, a un chantaje político y a una abierta utilización del Congreso. Sería bueno que la Comisión de Ética y la Mesa Directiva se pronuncie sobre este caso.

Por todo ello, creo que en el próximo proceso electoral se está jugando qué democracia queremos, es decir, una dominada por minorías mafiosas y corruptas o una democracia que respete la voluntad popular.

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Alberto Adrianzén M.

Disonancias

Parlamentario Andino