Decretos legislativos no derogados

Corría el año 1991, la violencia senderista en las universidades públicas se había agudizado, en esas circunstancias A. Fujimori solicita al Congreso facultades legislativas. Con ese instrumento en las manos emite el Decreto Legislativo N° 726 en el que se reconoce la “autonomía universitaria en lo académico, normativo y administrativo, sin que ello implique extraterritorialidad que facilite la presencia y refugio de grupos terroristas” y se añade “previa autorización del Ministro de Defensa o del Interior, o de los Comandos militares o policiales en su caso, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales podrán ingresar a los locales universitarios cuando tomen conocimiento que elementos o grupos terroristas perturban la paz y el orden interno”.

| 20 noviembre 2011 12:11 AM | Columnistas y Colaboradores | 1k Lecturas
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Es evidente en la redacción de este Decreto la impronta militar, reflejo de la situación objetiva de guerra interna que vivía el país. Todavía no habían ocurrido los asesinatos de la Cantuta, pero Sendero Luminoso asesinaba despiadadamente en los recintos universitarios y tenía amedrentadas a las comunidades universitarias.

Casi en simultáneo con la anterior norma se emite el Decreto Legislativo N° 739. En la parte considerativa decía “El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. En tal sentido es obligación del Gobierno cautelar que los alumnos” “se dediquen exclusivamente a la formación académica y profesional” ““y evitar que los estudiantes permanezcan indefinidamente en las universidades y se dediquen a actividades relacionadas con el terrorismo,” en consecuencia” añade “es necesario establecer normas mínimas de exigencias académicas para que en la universidad permanezcan únicamente aquellos que deseen lograr una profesión” y, después la parte resolutiva comienza con una frase escueta como contundente. “Cumplidos los estudios satisfactoriamente se accederá automáticamente al Bachillerato”.

Es sorprendente, cómo desde la perspectiva actual, estos decretos desnudan su verdadera naturaleza. Sus formas expresan que no fueron redactados en Palacio sino en el SIN. Cierto que el Perú debía defenderse del terror, pero no al precio de sacrificar principios democráticos, jurídicos e intelectuales elementales.

Hoy, a 20 años de esos aciagos días, los decretos están vigentes. El primero no se usa porque la democracia que se recuperó con Paniagua y continuó con Toledo y García no lo permitió, pero el segundo escandalosamente sigue vivo y vigente, dañando seriamente la calidad de nuestros egresados universitarios. ¿Urge o no una nueva ley universitaria?

El bachillerato, antes que fuera manoseado por el SIN como señuelo de guerra, servía para que los estudiantes emprendieran un vuelo intelectual solos, sin más ayuda que una tutoría, y probaran que poseían competencias académicas. Desde 1991 lo expide un cajero automático que sólo demanda haber completado un listado de cursos pero no exige nada que se parezca a un proyecto intelectual propio. El SIN borró el bachillerato para distraer a la cazuela sin entender, o quizá sí, que de esa manera jalaba más la pita de la mediocridad en nuestras universidades.




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Javier Sota Nadal

Opinión

Arquitecto