Cuéntalo… para que no se cumpla

Hace varios días, me quedé perplejo cuando comentaron la planificación de una estrategia partidaria para librar de toda responsabilidad a Alan García y Agustín Mantilla por la matanza de los penales (1986) donde están seriamente comprometidos y para controlar el desarrollo de determinados procesos que vienen causando malestar al gobierno.

| 25 agosto 2009 12:08 AM | Columnistas y Colaboradores | 659 Lecturas
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El acuerdo sería poner en marcha toda la maquinaria judicial aprista para mantener el control de la Corte Superior de Justicia de Lima que resulta vital no sólo para manipular algunos juicios, sino para la designación del futuro presidente del Jurado Electoral Especial de Lima (JEEL). El magistrado César Vega anunciaría su alejamiento definitivo del Poder Judicial (PJ), entonces, le correspondería asumir al vocal superior decano; sin embargo, como éste no resulta cercano al APRA, entonces, buscarían aplicar un reciente precedente donde el sucesor fue elegido por una Sala Plena. Hay varios vocales superiores, aliados del gobierno, que estarían dispuestos a promover una sesión plenaria para elegir al reemplazante y lograr el retorno del ex personero legal del APRA, Ángel Romero. Pero eso no sería todo, luego vendría el reconocimiento a la lealtad partidaria y disciplina aprista de César Vega quien sería nombrado ministro de Justicia, lo cual fortalecería la maquinaria puesta en marcha, llevaría a una persecución a los opositores o críticos del gobierno y conduciría a lograr la impunidad de sus allegados; no olvidemos que Vega y Romero conocen, perfectamente, el vientre del Poder Judicial (PJ) y de que pie cojean algunos magistrados.

Este relato me dejó estupefacto. Hice consultas a gente cercana al APRA y nadie lo negaba; al contrario, admitían los hechos como probables. Entonces, tome la decisión de contarlo, para que no se cumpla, ya que sería peligroso para el Estado Constitucional de Derecho, para el sistema democrático y para una recta administración de justicia.

Ahora bien, a todo eso se suma que Agustín Mantilla no se presentó a rendir su declaración testimonial y el juez en lugar de insistir con la citación que resulta vital para las investigaciones decidió remitir el expediente al Ministerio Público, salvando al testigo de una probable confrontación y una posible variación de su situación legal.

El hijo de Alan García logró que un juez suplente notifique a dos periodistas críticos del gobierno para que asistan a una sospechosa lectura de sentencia condenatoria, lo cual implica una seria amenaza de la libertad de expresión. Alberto Químper, ex candidato al Congreso (APRA), goza de un extraño arresto domiciliario otorgado por un juez anticorrupción a pesar de estar demostrado su incumplimiento y dos vocales superiores provisionales, uno de ellos nombrado por Alan García, habían dispuesto la excarcelación de Rómulo León.

Por último, no permitamos que el órgano jurisdiccional esté controlado por un partido político; defendamos a los magistrados probos, honrados y honestos que buscan impartir justicia, protegen los derechos fundamentales y luchan contra la corrupción.

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Heriberto Manuel Benítez Rivas

El dedo en la llaga...

Columnista