Corrupción estatal: ¿dónde está el Congreso?

Legislar y fiscalizar son las principales responsabilidades del Congreso de la República. Pero por lo menos en el caso del agro, el balance es largamente deficitario en la primera función y nulo en la segunda. Veamos:

| 07 marzo 2009 12:03 AM | Columnistas y Colaboradores | 846 Lecturas
846

En el terreno legislativo, el Congreso no sólo ha sido incapaz de dar una ley que promueva el desarrollo integral, armónico y sostenible del sector, en armonía con el artículo 88 de la Constitución; sino tampoco hace cumplir varias leyes emanadas de su seno, como la 27965 y la 29003 (ambas referidas al Consejo Nacional de Concertación Agraria), igual que la No. 29264-Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria, aprobada, ratificada y promulgada multipartidariamente el tres de octubre pasado.

En este caso específico, mientras el Parlamento se jamonea publicitariamente de haber dado dicha norma en beneficio de unos 100,000 pequeños productores acogotados por las entidades financieras, los remates de tierras continúan imparables, sólo porque al Ministerio de Economía y Finanzas no le da la gana de facilitar los mecanismos necesarios para dar vigencia a dicha ley.

Pero es en el frente fiscalizador donde el Congreso se autodescalifica más, por no intervenir ante flagrantes casos de inmoralidad, como los siguientes:

Primero, la administración del ex ministro de Agricultura Ismael Benavides malversó varios millones de nuevos soles destinados al pago de compensaciones a los productores de algodón, en contratar furtivas asesorías y consultorías externas para imponer los decretos legislativos relacionados con el agro y el TLC, así como para realizar “estudios” y campañas publicitarias sin sentido en torno a la papa. En consecuencia, ahora no hay dinero para los algodoneros, pero tampoco castigo para los malversadores.

Segundo, como en esos mismos decretos no se previó la defensa de la producción nacional frente a cualquier forma de competencia externa desleal, ahora hasta la gran agroindustria de biocombustibles ha salido a cuestionar la importación devastadora de biocarburantes subsidiados por Estados Unidos y Argentina.

Entretanto, los funcionarios y consultores que maquinaron esa omisión, haciendo tabla rasa de lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución, permanecen intocados.

Tercero, la actual administración de Agricultura ha entregado las direcciones generales de Planeamiento y Presupuesto y de Estudios Económicos y Estadísticos a un ubicuo abogado que no registra formación alguna en tales disciplinas. A la vez, el picapleitos dobleteador ha separado de la segunda a casi todos los profesionales de carrera, para llenarla con ex funcionarios procesados por haber cometido infinidad de tropelías punibles en la ex Dirección General de Información Agraria y la Encuesta Nacional Agropecuaria de Producción y Ventas.

Y cuarto, el nuevo jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, también sin formación alguna en esta especialidad y traído de México por puro amiguismo, está haciendo lo que quiere con el personal técnico de dicho organismo, en contra de la institucionalidad, el profesionalismo y la ética que supieron preservar los mandos anteriores. Y no se trata sólo de amedrentamientos, degradaciones y cambios arbitrarios de colocación, sino también de castigos intolerables, como el reciente cese de directores e inspectores que –en defensa de la sanidad agraria del país– se negaron a autorizar el ingreso de semillas infestadas con malezas por el puerto del Callao.

¿Dónde está el Congreso de la República frente a estos hechos? Por lo menos las comisiones Agraria y de Fiscalización tienen el deber ineludible de actuar ante tanta podredumbre.

Loading...



...

Reynaldo Trinidad Ardiles

Opinión

Columnista