Conflicto de intereses

Hace unas horas, el congresista Ricardo Belmont logró que la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso creara un grupo de trabajo que estudiará los métodos que emplea la empresa Ibope para medir la sintonía de los programas de televisión.

| 05 noviembre 2009 12:11 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.9k Lecturas
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La empresa Ibope es privada y, aunque sus métodos sean discutibles, no es fácil entender por qué la Comisión de Transportes y Comunicaciones tendrá que examinarla como si de una entidad pública se tratara.

El señor Belmont tiene en este asunto un visible conflicto de intereses. Es un congresista súbito a raíz de la muerte de Alberto Andrade y es, al mismo tiempo, el archifamoso propietario del Canal 11, desde el que habla, para regocijo de sus miles de televidentes, casi todas las noches.

Como congresista imprevisto tiene el derecho de presentar las iniciativas que se le ocurran. Pero como congresista y propietario de un canal no puede presentar propuestas que conciernan a la televisión. Y menos todavía propuestas que estén destinadas a hostilizar o presionar a una empresa que tiene tanto que ver con el negocio de la televisión.

Es como si Juvenal Silva, presidente de la mencionada comisión congresal y dirigente del club Cienciano, presentara en el pleno una iniciativa que favoreciera a los equipos de fútbol provincianos en desmedro de los limeños.

O como si Carlos Raffo, vice presidente de la misma comisión, propusiera que los publicistas de campañas electorales están exonerados de rendir cuentas ante la justicia en el caso de que hubiesen recibido dineros negros de manos sucias.

Sería mostrar el fustán de un modo por lo menos impropio y el plumero de una manera por lo menos ridícula.

El señor Belmont fue convencido por el señor Anchorena para que reingresara al ámbito de Ibope.

Cuando las cifras que mostró Ibope no le gustaron, el señor Belmont despidió al señor Anchorena aduciendo, precisamente, que la nueva programación no era lo que él había esperado.

Yo nunca he creído en Ibope, a pesar de que en muchos momentos de mi carrera sus mediciones me ponían por las nubes.

Pero una cosa es no creer en Ibope y otra es tratar de intimidar a Ibope aprovechando el cargo congresal y sacándole el jugo a la amistad con Alan García -que le dio hace poco las gracias por los servicios prestados- y con Luis Alva Castro, de cuya proximidad se ha jactado en el canal y en el hemiciclo.

Ricardo Belmont cree que su cargo de congresista puede ser usado para prácticos fines personales.

Lo increíble es que la Comisión de Transportes le siga el juego. Y que gente como Lescano lo acompañe en algunas de sus aventuras.

El 29 de octubre, por ejemplo, Belmont presentó un proyecto de ley que, de aprobarse, castigará con prisión efectiva (de 2 a 6 años) “al Director, Editor o responsable de las publicaciones o ediciones, a transmitirse a través de medios de comunicación social, tales como diarios, revistas, afiches, paneles, volantes, radio, televisión, o cualquier otro medio que produzca un efecto de comunicación similar, que publiciten imágenes, mensajes o audios obscenos o pornográficos”.

La cita es textual e incluye los atropellos al idioma y el cocido cerebral que de ese modo se revela.

En los considerandos, que llevan su indudable huella digital, Belmont, firmante protagónico de la iniciativa, cita a Joseph Pulitzer como fuente de inspiración ética, ignorando lo mucho que la prensa sensacionalista y amarillenta le debe al rival de William Randolph Hearst.

Y después de llamar a Pulitzer “el gran benefactor de una institución como la Columbia University Graduate School of Journalism”, añade:

“Que, (sic) el Pueblo Peruano no puede asistir impasible, ni mantenerse indiferente a los procesos de degradación moral que se yergue (sic) en estos momentos sobre nuestra sociedad...”

Y suma:

“De otro lado, no dejemos de reparar en lo siguiente, (sic) que no sólo hay excesos en la televisión sino en otro tipo de medios de comunicación, como la prensa escrita. Pero en todos estos casos, desde el punto de vista moral, cristiano y social, las imágenes carnales íntimas muchas veces caen dentro de la pornografía. En ese sentido, no creamos lo que dicen los que defienden la pornografía de que sólo “la más fuerte”... es dañina o ilegal. Pues hay estudios que confirman que la pornografía considerada “leve” (la que se ve en algunos programas de televisión, diarios o revistas indecentes) causan (sic) más crímenes sexuales que la pornografía más desembozada y fuerte” (varias veces sic).

Y no sigo porque estimo vuestro tiempo y vuestra salud mental, amables lectores. En todo caso, ahora entenderán cabalmente por qué tuve que largarme de Canal 11.

Ya veo al cura Oviedo decidiendo qué es pornografía y qué es erotismo permisible. O sea, separando la paja del trigo.


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César Hildebrandt

Opinión

Columnista