Comunidades y falsedades

Por tratar de predisponer con embustes al pueblo contra la derogatoria de los írritos decretos legislativos 1015 y 1073, dados en desmedro de las comunidades campesinas y nativas, el gobierno del Dr. Alan García y sus áulicos fueron categóricamente derrotados el 22 último.

Por Diario La Primera | 28 ago 2008 |    

Sin embargo, el Perú no debe olvidar que el súmmum de la impostura se dio un día antes, en un comunicado de la Presidencia de la República, donde ésta afirmó: “El Decreto Legislativo No. 1015 establece que cada comunidad campesina que lo decida, con el voto de más del 51% de sus miembros, podrá alquilar, hipotecar, parcelar, etc, sus tierras”.

Fue un grave falseamiento oficial de la realidad. Pues el DL 1015 señalaba que para decidir el destino de las tierras comunales bastaba “el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea”. (Ojo: sólo el 50% de los asistentes, no del total de comuneros). ¿Dónde está el alegado “más del 51%”?.

Luego, ante la denuncia de tal legicidio y la reacción de las comunidades, el régimen sacó el DL 1073, para establecer que la votación lo decidiría ya no el 50% de los asistentes, sino “no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año”. Pero tampoco aquí figura el cacareado “más del 51%”.

¿Quién maquinó todo esta trapacería y la farsa mediática para encubrirla? El Congreso debe investigarlo.

El hecho es que ahora se ha vuelto a la situación dejada por el fujimorato: 66% o más de los votos para decidir en los Andes y la Amazonía, y 51% o más en la costa.

Ante esta realidad, admitiendo que las comunidades no pueden seguir como están, teniendo tantas tierras y recursos afines aprovechables, los cambios deben darse con diálogo y concertación; no por imposición y mucho menos con trampas. En tal sentido, resulta interesante la iniciativa canalizada por el parlamentario aprista José Vargas Fernández.

Finalmente, cabe señalar que las colisiones del oficialismo con el agro no terminarán con el arreglo del problema comunal. Pues varias de las crípticas normas relacionadas con el APC-TLC entrañan “bombas” que el campo mismo recién está descubriendo.


    Reynaldo Trinidad Ardiles

    Reynaldo Trinidad Ardiles

    Opinión

    Columnista