CAS, sindicatos y reforma del empleo público

Mientras se viene discutiendo la ley aprobada en el Congreso para eliminar el sistema CAS, en mis últimos días en EsSalud nos hemos enfrentado a otro problema: cerca de 500 trabajadores estables contratados bajo el régimen del DL 728 han utilizado cartas con firmas falsificadas para retirar dinero de sus cuentas CTS en contra de la ley.

| 27 marzo 2012 12:03 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.8k Lecturas
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Como corresponde, la administración ha enviado carta a esos trabajadores indicándoles que se trata de una falta grave, siendo su derecho dar explicaciones por su mala conducta. En vez de eso, un grupo de esos trabajadores, claramente respaldados por gremios apristas como la CTP y la FED-CUT, salen a las calles a reclamar contra los “despidos masivos”, incluso irrumpiendo en actos religiosos.

Los trabajadores del sector público deben tener, como los trabajadores privados, sus derechos fundamentales protegidos. Deben poder sindicalizarse y negociar colectivamente, no ser despedidos arbitrariamente, tener acceso a seguridad social, mejorar en sus capacidades y remuneraciones. Los sindicatos deben defender estos derechos, y por ello hacen bien en luchar contra sistemas de contratación que, como el CAS, se los recortan.

Pero, desde la función pública, tiene también que asegurarse honestidad y un desempeño eficiente para brindar servicios de calidad. Los trabajadores del sector público somos, ante todo, servidores públicos. No trabajamos solamente para poder pagar las cuentas de fin de mes, cumplimos una labor de servicio a la ciudadanía. Por esta razón, en EsSalud hemos puesto en marcha un bono de productividad mejorado, que otorga un pago adicional a los centros de salud, hospitales y redes que más avancen en vacunar a los niños, tomar muestras de papanicolau a las mujeres, evitar complicaciones en hipertensos y diabéticos, hacer cirugías necesarias y atender a más asegurados.

Por esta misma razón, el servicio público, no puede cerrarse los ojos ante quienes han falsificado firmas y violentado la ley. Si así se hiciera, la idea de que respetar la ley no es necesario, se generalizaría. Y si no respetan la ley, ¿cómo tratan al público al que deben atender?

Flaco favor le hacen a la defensa de los derechos de los trabajadores, aquellos dirigentes sindicales que salen a reclamar para que no se sancione a quienes han fraguado documentos y usado firmas falsificadas. Me resisto a creer que el Partido Aprista, cuyos dirigentes encabezan esos gremios, pueda estar de acuerdo en que se deje de lado lo más elemental en la función pública: el cumplimiento de la ley y la sanción a quienes la violan.

Los trabajadores públicos, incluyendo los CAS, deben tener sus derechos restituidos, pero al mismo tiempo los servidores públicos no podemos perder de vista que nuestro objetivo primordial es el servicio a la ciudadanía, y que la honestidad y el respeto a la ley no son un asunto accesorio que se puede dejar de lado a conveniencia.


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Pedro Francke

Opinión