Camisea, los aislados y parques

Esta semana el tema de Camisea ha revivido. Además de ser un eje de las preocupaciones sobre la política energética nacional en relación a cómo cubrir nuestra futura demanda de energía con gas o con electricidad, parece que Camisea plantea más retos de los esperados.

| 19 febrero 2013 12:02 AM | Columnistas y Colaboradores | 847 Lecturas
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El primero, si se explora y se pretende transportar más rápido el gas (Kuntur, Gasoducto del Sur, etc), debe haber una justificación para beneficiar a los más pobres –no más niños muertos por el friaje de la puna- y para un proceso de industrialización que vaya más allá de Lima, que vaya al sur del Perú. Y sin planificación, eso no será posible.

El segundo reto es cómo tener la certeza que las cosas se harán bien esta vez. Se niega la consulta previa para los Machiguengas –llegan tarde para la aplicación de la ley-, y la intención es cumplir los requisitos a través de los pueblos indígenas en contacto inicial: No es feliz la pretensión de un plan de participación ciudadana a Marankeato, Montetoni y Santa Rosa de Serjali, pero lo más infeliz es condicionar el brindar servicios básicos a estas poblaciones a que se contacten o se titulen. ¿La pretensión? Un futuro desmembramiento de la Reserva Nahua Kugapakori Nanti y otros con la intención de sacarle la vuelta al cumplimiento del DS N° 28-2003-AG, que establece la intangibilidad de la Reserva. ¿Y el Viceministerio de Interculturalidad? Pues actuando sin protocolos, claro está, presto a facilitar la inversión.

Tercero, esta semana el diario británico The Guardian puso en el tapete una discusión mucho más profunda y es la posibilidad de la convivencia entre algunas áreas protegidas y actividades económicas. No podemos generalizar, pero los Parques Nacionales como Bahuaja Sonene, Güeppí-Sekime y Manu, sin mencionar la Zona Reservada Sierra del Divisor, u otros, ya vienen mostrando una tensión conceptual entre el desarrollo extractivo y los compromisos de conservación de la biodiversidad. Y sin reflexión previa, no se debería actuar, menos vulnerar la ley que prohíbe esta convivencia.

Finalmente, la confluencia de intereses (municipal, regional, indígena, PCM, Viceministerio de Interculturalidad, empresas, BID, sociedad civil) complejiza aún más la posibilidad de establecer garantías para una inversión necesaria para el desarrollo del país. Nadie quiere arriesgar ni apostar a largo plazo, ni por renovar compromisos previos en una gestión ambiental y social para el Urubamba, para no beneficiarnos del gas a expensas de los indígenas aislados, ni de los futuros peruanos.


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César Gamboa Balbín

Amazonía y bueno gobierno

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales