Caballazo judicial

Lo que ha hecho Villa Stein con su sentencia corresponde al mecanismo de imposición de hecho consumado, para el que no hay retroceso, a pesar de su ilegalidad e inmoralidad flagrante, que Fujimori y Montesinos desarrollaron para rescatar a su principal grupo de operaciones encubiertas, cuando ya se había hecho visible para todo el mundo.

| 26 julio 2012 12:07 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.5k Lecturas
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El punto crítico fue la matanza de 9 estudiantes y un profesor de “La Cantuta”. Como había ocurrido con otros hechos como Barrios Altos, las noticias del horror desaparecían rápidamente del primer plano. O sea que se podía matar y seguir adelante.

Pero entre 1992 y 1993 ocurrieron hechos que el gobierno no había calculado: los familiares no se dieron por vencidos reclamando por los desaparecidos, se descubrió la primera tumba de los restos de los universitarios en Cieneguilla y que el general Robles dio los nombres del destacamento responsable de la masacre. El gobierno quiso contar historias: autosecuestro y asimilación a Sendero Luminoso de los muertos, y cuando aparecieron los primeros huesos y la llave del casillero de uno de los muertos anunciando de quién se trataba, lo que intentaron fue culpar a los recicladores que llevaron al lugar del entierro, como si se tratara de terrorristas.

Hermoza a su vez respondió a las investigaciones y a Robles con desfile de tanques, sugiriendo la posibilidad de un segundo cierre del Congreso y forzando al general denunciante a refugiarse en el exterior. Esa fue la reacción bruta. Luego vino la más fina. A finales de 1993, Fujimori encarceló al Grupo Colina siguiendo exactamente la lista de Robles. Inmediatamente la Justicia Militar reclamó el caso y se enfrentó al juez que iniciaba las investigaciones. Se planteó una contienda de competencia que debía ser resuelta por la Corte Suprema, que se entrampó por falta de mayoría (iba 3 a 2, y necesitaba 4 votos para resolverse), pero todos decían que el juez que dirimiría llevaría el caso a 3-3, y obligaría a otro dirimente.

Entonces, un inolvidable 8 de febrero de 1994, en una sesión más allá de la medianoche, el legislador Siura (que luego sería rehén del MRTA) propuso una ley de urgencia, sin debate, estudio de comisiones y fundamentación mínima, cambiando el mecanismo de votación de la Suprema para que la mayoría de tres votos fuera suficiente. El Grupo Colina pasó al fuero militar y en una farsa de juicio en el que los acusados no hablaron ni hubo testigos, se les condenó a penas aparentemente severas a cumplir en un cuartel militar, que fue equipado como un centro de reposo.

A mediados de 1995, apenas producida la primera reelección, el gobierno dio otro golpe, aunque tuviera que pagar el costo de un cierto desgaste: dictó una ley de amnistía para todos los actores de la guerra sucia, entre ellos por supuesto del Grupo Colina. El hecho es que en tres tiempos Fujimori arregló la situación de sus asesinos y no temió dejarse ver cerca de ellos. Ahora Villa Stein ha completado la faena. Como en el medio, la CIDH dejó sin efecto la amnistía por la naturaleza de “lesa humanidad” de los delitos y exigió nuevos juicios, hemos llegado hasta el momento culminante en que un expresidente de la Suprema se juega para alterar la interpretación de la historia y sus responsabilidades. Y el método es el mismo. Después de conocer el fallo todos inmovilizados buscando cómo revertir el brulote. Pero como decía Fujimori: por algo me dicen el rey de la yuca.



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Raúl Wiener

POLITIKA

Analista