Algo más que un simple enredo

El 27 de agosto tuvo lugar una audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con relación al proceso de cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte en el caso Barrios Altos.

Por Diario La Primera | 02 set 2012 |    
Algo más que un simple enredo
Discrepancias que desconciertan

Esta audiencia fue solicitada por las organizaciones representantes de las víctimas (APRODEH, FEDEPAZ, COMISEDH, IDL, CNDDHH y CEJIL), luego que el 20 de julio de este año la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Villa Stein, resolviera que no son delitos de lesa humanidad los crímenes de Barrios Altos perpetrados por el Grupo Colina. Como sabemos, esta misma sala absolvió a uno de los procesados y redujo la pena a varios de ellos.

Sin embargo, lo que debió ser una audiencia normal en la cual el Estado peruano debía presentar su posición, única por cierto, se convirtió, para sorpresa de los propios jueces, en una suerte de programa cómico. El Estado, que debe ser unitario en sus relaciones con el sector externo, se presentó dividido.

Los procuradores, tanto el del Ministerio de Justicia como el del Poder Judicial, plantearon posiciones distintas sobre el caso. Incluso los jueces tuvieron que llamar la atención varias veces al procurador del Poder Judicial, Segundo Vitery, por los gritos proferidos durante la audiencia.

Para el Ministerio de Justicia, representado por el procurador Oscar Cubas, el Estado aun no ha cumplido con la obligación de investigar y sancionar adecuadamente las violaciones cometidas por el Grupo Colina en este caso. Tanto es así, indicó a la Corte, que el ministerio ha interpuesto una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional para que este declare la nulidad del fallo de Villa Stein.

Para el Poder Judicial o, mejor dicho, para su procurador, el cual acaba de ser cesado del cargo, el fallo de la Sala Penal es correcto. La divergencia fue tan obvia que la propia Corte ha pedido al Perú que aclare, finalmente, su posición.

Comparto las opiniones de Luis Alberto Salgado en el sentido de que no hay que poner el acento en la actuación de los procuradores porque se podría decir que ellos han ido a cumplir con su trabajo.

Sin embargo, hay varias preguntas que me parecen pertinentes: a) ¿por qué tanto el Ministerio de Justicia (MINJUS) como el Poder Judicial (PJ) no coordinaron sus presentaciones?; b) ¿sabía el MINJUS que iba a ir un procurador del PJ a la Corte? Si lo sabía, ¿por qué no hubo coordinación entre ambos?. Esto también es válido para el PJ; c) ¿El presidente del PJ conocía los planteamientos que iba a llevar su procurador a este organismo?; d) Si los sabía, ¿por qué lo ha cesado? Una posible respuesta a esta última es que el Procurador haya cambiado inconsultamente la postura del PJ y, otra, es que frente al escándalo suscitado, el presidente del PJ haya decidido cesarlo para “aquietar las aguas”.

Una hipótesis que puede explicar en parte todo o en todo este laberinto es que el procurador del PJ sea parte de un grupo de jueces, cuya figura más destacada es el propio Villa Stein, decidido a defender al fujimorismo y de paso al Grupo Colina. En este caso se podría afirmar que el Procurador ha pasado por encima del presidente del PJ al presentar una opinión distinta al de este poder.

Y si bien se pueden hacer más preguntas y levantar más hipótesis lo que queda cada día más claro es que existe una lucha abierta al interior del Estado sobre dos temas: a) la defensa del fujimorismo; y, b) la defensa de los militares comprometidos en violaciones a los derechos humanos.

El primer indicio de que se estaba dando esta batalla fue la sorpresiva defensa del gobierno no de los comandos Chavín de Huantar y sí, más bien, de lo que el exministro de Defensa Aurelio Loret de Mola, llamó “gallinazos”, el comando montesinista que entró, una vez tomada la residencia del embajador de Japón, para “rematar” a los sobrevivientes del comando terrorista emerretista.

El otro indicio ha sido el intento, ojalá fallido, de aprobar la famosa ley sobre el “negacionismo”, la que, como bien ha dicho la congresista y primera vicepresidente de la República, Marisol Espinoza, se “olvida” del terrorismo de Estado.

El último dato es el conflicto de opiniones en la CIDH que acabamos de describir. A estos se pueden sumar otros hechos como el anuncio de la Municipalidad de Jesús María de retirar la vigilancia al monumento “El Ojo que llora” y no brindar mantenimiento a las rejas que lo circundan.

Como se sabe, el “Ojo que llora”, que sobrevive gracias al aporte de peruanos y de donaciones extranjeras frente a la desidia de distintos gobiernos, es un monumento y un espacio que recuerdan a las víctimas del terrorismo, el que no solo ha sido criticado en más de un vez por el fujimorismo y sectores militaristas sino al que se ha querido destruir en más de una ocasión.

La pregunta frente a esto es por qué el gobierno permite que todo ello suceda, más aún cuando el propio Presidente de la República es el responsable de la política exterior (las relaciones con la CIDH son un capítulo de ella) y de nuestra defensa, campo que involucra, como es obvio, a militares y policías.

Y si bien se puede argumentar que en el caso de la CIDH se han enfrentado dos poderes independientes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, cabe recordar que el propio Presidente es el representante máximo de este Estado y, por lo tanto, jefe del mismo. Por tanto, “su opinión -como dice una radio- importa”.

Finalmente, no creo que lo sucedido en Costa Rica sea un simple problema de coordinación, pienso más bien que es un paso más de aquellos sectores que buscan la impunidad y que no quieren que se sepa la verdad sobre lo sucedido durante los llamados años de la violencia.

Reconocer los crímenes y el terrorismo de Sendero Luminoso es un dato de la realidad aceptado por una mayoría de peruanos, no así, por ejemplo, la existencia de hornos crematorios en el cuartel Los Cabitos en Ayacucho sobre lo cual, salvo honrosas excepciones, casi ni se menciona.


    Alberto Adrianzén M.

    Alberto Adrianzén M.

    Disonancias

    Parlamentario Andino