22 de agosto: movilización contra la inseguridad ciudadana

Nuevamente las mafias asesinaron a un joven dirigente de construcción civil perteneciente al Sindicato de Chiclayo, Rubén Soberón, quien se había convertido en un personaje incómodo para las organizaciones criminales que actúan en la ciudad norteña en complicidad con malos elementos de la Policía Nacional, uno de ellos el Coronel encargado de la Jefatura Policial de dicha jurisdicción. El delito de Soberón fue denunciar a los delincuentes, como el conocido “viejo paco” y la corrupción que impera en parte de las fuerzas policiales.

| 10 agosto 2012 12:08 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.1k Lecturas
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Este crimen se suma a los asesinatos de Guillermo Yacila, secretario general de la CGTP - Callao y Armando Viera, ambos dirigentes del Sindicato del Callao, donde la delincuencia habría encontrado en las autoridades chalacas sus más poderosos aliados para actuar con impunidad. Estos crímenes han dejado de ser aislados y se han convertido en selectivos y forman parte de una estrategia política que se sigue desde el gobierno de Alan García y la administración municipal y regional de Alex Kouri.

Cabe mencionar, que en el 2008, como lo denunció la Federación de Construcción Civil (FTCCP) y la CGTP, Alan García se reunió en Palacio de Gobierno con los cabecillas de las principales bandas de delincuentes, quienes gozaron durante el quinquenio aprista de privilegios políticos y judiciales para cometer sus delitos. A esto se sumó, la liberación de cinco mil facinerosos de las cárceles del país por autorización de García y que hoy lideran las diversas organizaciones delictivas que generan violencia en varias ciudades del país.

Como le informamos al ministro del Interior en una reunión que sostuvimos el martes pasado, la delincuencia ha encontrado en la corrupción del Estado, el instrumento para fortalecerse política y económicamente citando el caso de Piura, donde algunos miembros de la Policía Nacional protegen a estas bandas y le alquilan las armas para cometer sus extorsiones y hasta para promover el tráfico de terrenos, en complicidad con corruptos enquistados en el Poder Judicial, Ministerio Público y Registros Públicos.

En la reunión que sostuvimos con el ministro del Interior se comprometió a la descentralización de la División de Protección de Obras Civiles (DIVPROC) de la Policía Nacional en las principales ciudades donde la violencia criminal se ha profundizado (como el Callao, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, Chimbote, Chincha, Cañete, entre otras) con la finalidad de erradicar a las mafias y eliminarlas.

Asimismo, hemos solicitado que la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial, creada para proponer soluciones al problema de la violencia en las obras, pase a la Presidencia del Consejo de Ministros, debido a que el Ministerio de Trabajo, donde se encuentra en la actualidad, es parte del problema porque viene entregando registros sindicales a delincuentes a pesar de las denuncias hechas tanto por los trabajadores y los empresarios.

Por estos motivos, las 145 bases de la FTCCP se movilizarán el 22 de agosto a nivel nacional contra la violencia y la inseguridad ciudadana. La concentración se efectuará frente al Ministerio de Trabajo y la marcha se dirigirá al Ministerio del Interior. Finalmente, reiteramos nuestras condolencias a los familiares de Rubén Soberón y les expresamos que su crimen no quedará impune y que la FTCCP no cesará en su lucha por promover la captura de los responsables y en su compromiso de seguir denunciando a los delincuentes y corruptos responsables de su muerte y de la violencia que afecta a las familias peruanas.


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Mario Huamán Rivera

Opinión

Columnista

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