Tres ataúdes, un crimen

El paro de los mineros informales tuvo, la semana pasada, en Puerto Maldonado, un episodio violento, que dejó un saldo de tres muertos. Ninguna de las víctimas era socio de las compañías que fomentan la minería ilegal, derrochan mercurio y se adueñan del oro.

| 19 marzo 2012 12:03 AM | Columna del Director | 2.3k Lecturas
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Precisemos que esta actividad minera es repudiada por la población, particularmente en Puerto Maldonado, donde conocen la virtual esclavitud a que son sometidos los trabajadores de esa actividad y hasta qué punto se envenena el ambiente, el río y las costumbres. No todo lo que brilla es oro allí: la prostitución y la trata de menores lo demuestran.

Hay zonas de Madre de Dios en que la maquinaria minera ha sepultado casas, escuelas, sistemas de agua y desagüe bajo sus relaves.

Los asalariados que laboran en el sector lo hacen porque no encuentran empleo digno, porque la selva sigue siendo en gran parte una selva violada, donde el Estado suele hacerse presente sólo como fuerza de represión. La prueba de esa ausencia es la corrupción.

La Federación Minera de Madre de Dios ha entregado a funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros una relación de asesores de la minería informal. En la nómina figuran Eduardo Salhuana, exministro de Justicia y excongresista de Perú Posible, dos exdirectores regionales de Minería, Edgar Cáceres y David Benjamín Cuadros, quienes son hoy funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, y Rasul Caborda, exabogado de la dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

Ese hecho solo se explica por los caudalosos beneficios que obtienen los grandes empresarios que acaparan el oro en la región. Se calcula que los ilegales producen 20 toneladas de oro al año. Yanacocha produce el doble. Sin embargo, aquellos declaran que solo extraen 139 kilos al año. Esto significa que las empresas respectivas sacan de contrabando casi todo el oro. No pagan impuestos y además, evitan que el metal ingrese a las reservas del Perú. La captura del oro es parte de la política de las grandes potencias y su acumulación debiera ser una política de Estado.

Hay, pues, intereses poderosos en el conflicto de la minería ilegal. Frente a ellos, actúa un Estado que no sabe prever, que improvisa. Prueba de ello es que, bajo el peso de la violencia, prepara nuevas normas que ayuden a la formalización de los informales.

Las autoridades afirman que los huelguistas de Madre de Dios quisieron apoderarse del aeropuerto y el puente internacional del Puerto Maldonado. Puede suponerse que esos fines estaban digitados por el poder del oro.

Si ese fue el caso, debió procederse con mayor serenidad y trabajo de inteligencia. Al final, los tres muertos y las decenas de heridos constituyen un crimen, una mala señal para el país y una mala nota para el régimen de Ollanta Humala.


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César Lévano

Razón Social

cesar.levano@diariolaprimeraperu.com