Tambores en la selva

Una procuradora del Ministerio de Justicia, María del Carmen Rivera, ha pedido la disolución de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). La decisión se suma a la campaña de la prensa reaccionaria y el régimen aprista contra la organización de las etnias amazónicas.

| 23 octubre 2009 12:10 AM | Columna del Director | 505 Lecturas
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La propuesta omite que desde hace muchos meses la Aidesep está en pie de lucha por los derechos de sus asociados, en defensa no sólo de intereses locales, sino también de la Amazonía como medio ambiente, riqueza forestal y emporio de biodiversidad.

La representatividad de Aidesep es incuestionable: agrupa a 1,350 comunidades indígenas, nucleadas en 65 federaciones y ocho centrales regionales.

En Bagua, el 5 de junio, con 33 muertos (23 de ellos policías), quedó demostrado cuán peligroso es azuzar desde arriba la violencia.

La iniciativa judicial resulta más torpe aún si se recuerda que la Aidesep participa en cuatro mesas de diálogos con funcionarios del gobierno y representantes de la sociedad civil, en pos de alcanzar un marco de consultas y esclarecer la tragedia de Bagua.

La propuesta contra la organización de las etnias amazónicas afirma que ésta atenta contra el orden público y las buenas costumbres.

En realidad, quien atenta contra el orden público es el gobierno que decidió atacar a las etnias en Bagua, sin que ninguna autoridad haya asumido responsabilidad por ese exceso, condenado de antemano al fracaso.

En cuanto a las buenas costumbres, ¿cómo suponer que las defiende un gobierno que vende a precio de remate el puerto de Paita y olvida allí elementales principios de transparencia, seguridad nacional y cautela frente a Chile?

La propuesta suscrita por la procuradora Rivera encaja en el engranaje de planes y acciones gubernamentales, que intentan arrebatar derechos y propiedades a los pueblos amazónicos. El proyecto está anunciado, con descaro, en la serie “El síndrome del perro del hortelano” escrita por el presidente Alan García.

El Ejecutivo y sus tentáculos judiciales buscan desde hace tiempo criminalizar a la Aidesep. James Anaya, relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, ha denunciado esa arbitrariedad.

Los organismos internacionales saben que ya ahora hay 89 miembros de la Aidesep procesados y detenidos por los sucesos de Bagua.

Ante esa ola represiva, agravada por la doctora Rivera, se explica que la dirección de Aidesep haya convocado a una reunión de emergencia de los Apus de la selva.

En vez de contribuir al diálogo y la paz (basada en la justicia, no en el balazo), el gobierno aprista ha elegido la provocación. Olvida la antigua advertencia: el que siembra vientos, cosecha tempestades.

La iniciativa de la procuradora Rivera no es un relámpago en un cielo sereno.


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César Lévano

Razón Social

cesar.levano@diariolaprimeraperu.com