Otro muerto en el prontuario

Alan García debe de sentirse feliz. Ya tiene otro muerto en su prontuario. Un minero acribillado, en Pataz, es su nuevo galardón.

Por Diario La Primera | 13 jul 2008 |    

Se ha cumplido al pie de la letra el Decreto Legislativo que dictó en julio del año pasado, el cual modificaba el artículo 20 del Código Penal y autorizaba a la fuerza pública a matar o causar lesiones, siempre que sea con sus armas de reglamento.

“Si así lo hicieren, gozarán de impunidad”, subrayamos en nuestra columna del 25 de julio del 2007.

El nuevo crimen del régimen alanista no sólo confirma su naturaleza represiva y prooligárquica, sino que revela hasta qué punto se incumplen las recientes medidas, supuestamente, favorables al sector laboral.

En efecto, los 3,900 trabajadores de la empresa Minera Aurífera Retama S.A. (Marsa) estaban en huelga desde el 30 de junio. Reclamaban su participación en las utilidades del 2006 y el 2007 que Marsa les desconoce, escudándose en nueve empresas contratistas, es decir, nueve services.

Por supuesto, los trabajadores habían acudido, inútilmente, a las autoridades del Ministerio de Trabajo.

No hubo enfrentamiento. Ocurrió una agresión policial, ordenada desde Lima. Aparte del obrero muerto, Miguel Jesús Yupanqui, hay, cuando esto escribimos, otro, Rosario Castillo, en estado muy grave, y varios heridos más.

Para García, el de ayer debe de haber sido de gran contentamiento. En primerísimo lugar porque su compañero Carlos Mesía ha asumido la presidencia del Tribunal Constitucional, justo en una época en que éste debe ver la matanza de los penales consumada por orden del Presidente Alan García (primer período) en complicidad con Luis Giampietri, hoy vicepresidente de la República.

Puede parecer anecdótico, pero el hecho es que el lunes último Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, acudió al Tribunal Constitucional y se encerró allí con el doctor César Landa, el ahora renunciante presidente del Tribunal. Según rumores fundados, fue a presionar y amenazar.

García y su entorno están muy preocupados por el caso de la matanza de los penales, en particular El Frontón. Les conviene que el Tribunal Constitucional se pronuncie en su favor, aunque, como es sabido, los delitos contra los derechos humanos no prescriben.

Detrás de los balazos contra los mineros hay un contexto amenazante. Sus expresiones son: 1. La campaña de calumnias contra la CGTP y las organizaciones políticas y sociales del pueblo. 2. El afán de enjuiciar y apresar a los dirigentes sindicales. 3. La persistencia de medidas contra los obreros y los campesinos, medidas a las cuales se “reforma” para empeorarlas.

El trasfondo es el miedo, el pavor del régimen frente al rechazo del país, cuando se acerca su segundo aniversario y en el horizonte se espesan las nubes de una crisis económica.


    César Lévano

    César Lévano

    Razón Social

    cesar.levano@diariolaprimeraperu.com