La orden del balazo

Javier Velásquez Quesquén, presidente del Consejo de Ministros, tiene mala memoria. Ha salido a defender un proyecto de ley que autoriza a meter bala a la población civil que reclame o proteste. Pero ese dispositivo ya existe.

| 22 agosto 2009 12:08 AM | Columna del Director | 386 Lecturas
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Nos referimos al Decreto Legislativo 982 que, con la firma de Alan García, modificó en julio de 2007 el artículo 20 del Código Penal y autorizó a la fuerza pública a matar o herir a civiles que les parecieran amenazantes.

La única precaución es que para eso policías o militares deben emplear sus armas de reglamento, con lo cual se les garantizaba impunidad.

La temeraria medida, dictada cuando se encrespaba la ola de descontento y protesta, buscaba no sólo reprimir, sino también infundir miedo a las organizaciones populares y sus personeros.

Los sucesos de Moquegua, Bagua, Cusco y Pasco demostraron que la lucha por justos reclamos no se derrotan mediante las armas y el miedo.

Peor aún: el método brutal del balazo exacerba la cólera y la acción de quienes protestan o reclaman. La orden de disparar contra los nativos en Bagua, orden que sin duda provino de Palacio, tuvo un resultado que estremeció al país: 24 policías violentamente victimados, aparte de diez nativos muertos y decenas de sus hermanos heridos.

Lo cual significa que la orden de matar puede ser contraproducente. No sólo amenaza la vida de civiles, sino también la de policías y militares.

El uno de marzo de este año, Mercedes Cabanillas, que era una presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso dispuesta al papel de halcón represivo, defendió el Decreto 982 con el argumento de que disparar contra “grupos subversivos o delincuenciales” era una garantía de estabilidad gubernamental.

La matanza de Bagua, ocurrida el 5 de junio de este año, desmintió a la congresista. Su salida del gabinete se debió a la violencia provocadora empleada en Bagua por la fuerza pública. La estabilidad de la ministra misma se desplomó por ese terremoto social.

Lo más grave es que el conflicto amazónico no se ha apaciguado. Al contrario, suenan en la selva tambores de cólera por la represión y la persecución contra sus dirigentes y su organización, y por la burla en que se han convertido las mesas de negociación.

Está próxima una reunión de los apus, es decir, de los jefes étnicos auténticos, que no han sido eclipsados por jefes apócrifos, militantes del gobierno, que inventaron organismos paralelos para lelos.

El régimen debe deponer las armas de la amenaza y dialogar en serio con los nativos, que ahora cuentan, como se vio en junio, con el apoyo militante de las poblaciones urbanas de la Amazonía.

He conversado con periodistas extranjeros que estuvieron en Bagua en los días de la tragedia y todos señalaron ese fenómeno de unidad de selva y ciudad.

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César Lévano

Razón Social

cesar.levano@diariolaprimeraperu.com