El surco de la cólera

El paro agrario iniciado el jueves 15 expresa la protesta del campo respecto a un Decreto Legislativo que busca privatizar el agua, así como respecto a otras medidas de un régimen que es, por definición, antiagrario.

| 17 enero 2009 12:01 AM | Columna del Director | 381 Lecturas
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La lucha expresa el rechazo a la política del régimen en el campo y el temor frente a la catástrofe que acarreará la vigencia del TLC con Estados Unidos.

La política oficial busca arruinar a la inmensa mayoría de los agricultores, a fin de que se vean obligados a vender a precio vil sus tierras.

Tal es la línea que atraviesa, como un hilo negro, los planes expuestos en la serie de García sobre “El síndrome del perro del hortelano”.

En la plataforma del paro destaca el punto número uno, el cual exige la derogación del Decreto Legislativo 1081 que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos.

La Cuarta Disposición Complementaria Final de ese Decreto precisa que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) “podrá delegar o autorizar el ejercicio de sus funciones a personas naturales o jurídicas de los sectores público o privado para la ejecución de labores y proyectos relacionados con la gestión de los recursos hídricos”.

Saltó la liebre privatizadora.

Piden los agricultores que se garantice la participación activa de las organizaciones de regantes en la ANA, para garantizar el manejo del agua por cuencas y microcuencas hidrográficas.

Piden también que se pague de inmediato a los pequeños productores de algodón los incentivos de S/. 8.00 por quintal fijados en el programa nacional de formalización.

Eso resulta sorprendente, porque el Ministerio de Economía asignó en el 2008 S/. 25 millones para cumplir con los 35,000 algodoneros que esperaban esos incentivos. Pero ese dinero se esfumó: el ex ministro de Agricultura Ismael Benavides dilapidó 18 millones en celebraciones por el Año de la Papa.

Es una malversación típica y un ejemplo de cómo la administración alanista maltrata a los trabajadores del agro.

Notable es también que el sector agrario tenga que acudir a una medida de fuerza para exigir que Economía cumpla con abonar al Agrobanco los 50 millones de soles asignados por la Ley 29264. A García no le da la gana de pagar.

El agro propone algo que, dada la coyuntura económica, debería ser atendido: la instalación de una Mesa de Diálogo y Concertación para el Desarrollo Integral y Sostenible del agro peruano.

Esto es más urgente ahora que la crisis golpea incluso al sector privilegiado por la cúpula gubernamental: el de la agroexportación. Típico es que los espárragos, hasta hace pocos meses cotizados a US$ 1.50 el kilo en el mercado internacional, hoy se vendan a US$ 0.20 o menos.

Para enfrentar problemas como ese no sirve el autoritarismo de un García ciegamente reaccionario. El paro del agro unido se justifica.



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César Lévano

Razón Social

cesar.levano@diariolaprimeraperu.com