El poder del chuponeo

La disputa entre el Poder Legislativo y el Judicial respecto a un material de espionaje telefónico es demostración de un nuevo poder: la informática.

| 07 octubre 2009 12:10 AM | Columna del Director | 368 Lecturas
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A lo mejor habrá que añadir a los poderes clásicos –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y el “cuarto poder”, la prensa– el poder de la computadora.

Hay una pelea de fondo en estos días. Los legisladores piden que la jueza Ana María Martínez, del 34 Juzgado Penal de Lima, entregue la información sobre el espionaje telefónico que realizaba la empresa Business Track, una de cuyas operaciones reveló el faenón de Rómulo León y Alberto Químper.

El negocio tramposo no sólo implicaba una fortuna para ambos personajes. Prometía también ganancias fraudulentas para una empresa improvisada y, probablemente, beneficios multimillonarios para señorones de la política.

Sorprende que la jueza Martínez, con el apoyo del presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, se oponga a entregar los audios del espionaje.

Ambos magistrados incumplen el artículo 97 de la Constitución: “El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público… Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones (legislativas) pueden acceder a cualquier información”.

Tiene razón Luis Alva Castro, presidente del Congreso, cuando señala que éste puede recurrir a una acusación constitucional para que el Poder Judicial acceda a cumplir con su obligación.

La investigación emprendida por una comisión del Congreso no interfiere en el procedimiento jurisdiccional de la justicia.

Se trata, en el fondo, de dos investigaciones paralelas. El material incautado debe, por eso, ser entregado al Congreso en su totalidad y no a cuentagotas.

Hay un precedente en este caso: El doctor Jorge Barreto, del Tercer Juzgado Penal Especial, sí ha entregado a la Comisión Investigadora toda la documentación sobre los petroaudios y una copia del disco duro de la computadora de Rómulo León, disco que abarca 14 mil correos electrónicos.

El material en disputa oculta sin duda las entrañas de una política, de una época, de una sociedad. A eso temen muchas figuras y figurones de la magistratura, la política, los negocios, el periodismo.

Si la filmación de la corrupción orquestada por Vladimiro Montesinos tiró abajo a Alberto Fujimori, no debería asombrarnos que los datos en disputa encierren sorpresas que “harán fablar las piedras”, para decirlo con la frase de Don Quijote.

La Constitución vigente se refiere a los servicios electrónicos, pero sólo lo hace en defensa de la intimidad de las personas.

El conflicto debería servir para una elaboración jurídica de los especialistas, que tendrán que fijar, elucidar y desarrollar, a la luz de la Constitución actual u otra venidera, el poder informático.


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César Lévano

Razón Social

cesar.levano@diariolaprimeraperu.com