El general está en la calle

El presidente Ollanta Humala ha salido en defensa de su ministro del Interior, Wilber Calle. Aunque durante la campaña electoral llamó “indignos” a los jefes militares que firmaron la llamada acta de sujeción a Alberto Fujimori, el primer Mandatario acaba de poner paños tibios al calificativo. “No todos los que firmaron el documento son malos elementos”, ha dicho.

| 20 mayo 2012 12:05 AM | Columna del Director | 2k Lecturas
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Calle, por su parte, asegura que no firmó un acta de sujeción, sino una lista de asistencia. Esto es un desmentido al Presidente, porque a nadie se puede declarar “indigno” por solo estampar su firma para que conste una asistencia.

Por supuesto que lo que se firmó no fue una declaración inocente.

En primer lugar, el texto firmado no fue escrito después de terminada una sesión. Fue una adhesión expresada en un documento redactado de antemano, probablemente por Vladimiro Montesinos, y cuyo propósito es garantizar impunidad para los militares que habían cometido crímenes de lesa humanidad. Por eso es que en su momento Ollanta Humala consideró que tales adherentes al régimen de Fujimori y Montesinos eran malos elementos.

Tratando de sacudirse del lodo, el ministro Calle insiste en que lo que firmó fue el acta de una sesión.

No, mi general. Sus asesores no le han explicado que un acta es la “relación de lo tratado en una junta o reunión, o de algo que ocurre, como estampa” María Moliner en su Diccionario de uso del español. Levantar un acta es dar cuenta de lo ocurrido.

El condenable documento no se refiere a algo que acaba de ocurrir. Habla del futuro. Por eso dice:

“3. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos del Servicio de Inteligencia Nacional conjunta e institucionalmente defenderán y protegerán a sus miembros en el caso de que se pretendiera responsabilizarlos individualmente por el apoyo institucional otorgado a la decisión del 5 de abril de 1992, lo cual se consideraría como una ofensa contra las instituciones tutelares, que obligará a los respectivos comandos en el futuro a defender irrestrictamente al miembro comprometido de manera institucional...”

No hace falta ser un analista para ver allí una amenaza para quienes más tarde pudieran condenar el autogolpe del 5 de abril de 1992, cuyos actos iniciales fueron la disolución del Congreso de la República, la reorganización del Poder Judicial y el secuestro de archivos judiciales relacionados con el narcotráfico. Nada de eso era institucional. El apoyo al golpe no fue “un acto consciente y serenamente meditado”, como pretendía el Punto 1 del Acta.

La justicia ha demostrado que es verdad lo que dijimos la noche misma del golpe, apenas difundida la noticia: éste es un golpe de los militares violadores de los derechos humanos comprometidos con el narcotráfico, que llevan como mascarón de proa a Fujimori.


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César Lévano

Razón Social

cesar.levano@diariolaprimeraperu.com