Cuando el crimen paga

La injusticia es ciega y, además, venal en el Perú. He ahí una verdad archisabida. A esa comprobación se añade el descrédito público del aparato judicial, que, bajo el régimen aprista, ha adquirido tintes de catástrofe. Todas las encuestas revelan desprecio masivo hacia el Poder Judicial.

| 24 noviembre 2009 12:11 AM | Columna del Director | 380 Lecturas
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Es un secreto a voces que desde hace décadas este poder del Estado es manipulado por un partido, el Apra, que es al mismo tiempo el más judiciable de todos.

En ese marco histórico y social surge el pedido del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde para que la sentencia por secuestro agravado que pesa sobre Alberto Fujimori sea cambiada por la de secuestro simple.

En la superficie, la condena sería igual: 25 años de prisión. Pero la modificación implicaría ver pronto a Fujimori en la calle. Ese es el propósito de la movida judicial.

Los especialistas precisan que un sentenciado por secuestro agravado sólo tiene el beneficio penitenciario de siete por uno. Es decir, si se porta bien en la prisión, puede ver reducida su pena en un año por cada siete de carcelería. El jefe de la pandilla de asesinos y ladrones que avergonzó y empobreció al país tendría que purgar, de todas maneras, 18 años.

En cambio, si la sentencia es por secuestro simple, gozaría del beneficio de dos por uno. Además, puede ser indultado por el presidente de la República o amnistiado por el Congreso.

En un país como el nuestro, donde no existe la independencia y separación de poderes, donde todos los poderes, incluido el de los medios de comunicación, están en manos de un solo partido; mejor dicho, de un solo hombre, resulta evidente que la propuesta del fiscal tiende a sacar de la prisión a Fujimori lo más pronto posible.

El juicio había demostrado, sin embargo, que los secuestros digitados por Fujimori contra el periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer distaron de ser simples detenciones, exentas de maltratos, y son más bien sospechosas de propósitos siniestros.

Revisar la sentencia no sólo equivaldría a promover la impunidad. Sería un desafío a la opinión pública nacional e internacional, y un insulto al orden jurídico y al afán de construir una democracia en el Perú.

El operativo judicial conduce a suponer una maniobra política de largo alcance: la forja de una alianza aprofujimorista más audaz que la descarada coalición que actúa en el Congreso de la República.

El presidente Alan García no es un político que se pueda distanciar de Fujimori por escrúpulos morales ni por ser ajeno a masacres y violaciones de los derechos humanos. Los unen lazos de sangre.

Por eso mismo, el rechazo de la maniobra judicial equivale a una defensa de la legalidad republicana y de la limpieza política, por la cual hay que batallar en las lides electorales de los años próximos.




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César Lévano

Razón Social

cesar.levano@diariolaprimeraperu.com