Contrabando ideológico fascista

El ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, tiene aseguradas un par de líneas en la historia del Derecho. Es el creador de una figura jurídica excepcional: el contrabando ideológico.

| 13 marzo 2008 12:03 AM | Columna del Director | 493 Lecturas
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Lo impresionante es que el ministro proviene del Partido Popular Cristiano, que recibe desde siempre ayuda organizativa y económica de la Fundación alemana Konrad Adenauer.

¿Podrían las ideas cristianodemócratas ser incluidas en el delito de contrabando ideológico?

Suponemos que para Flores Aráoz eso no es alijo condenable, sino colaboración fraterna de un partido afín.

La comunión de ideas con el partido de Adenauer se basa, por supuesto, en la defensa de la extrema derecha y el gran capital. Tiene más de intereses monetarios que de ideales políticos. No en vano la mayoría de dirigentes del PPC son abogados de grandes empresas tanto nacionales como extranjeras.

Flores Aráoz personifica las ideas más reaccionarias y represivas del socialcristianismo: ese es su contrabando ideológico.

Su propuesta apunta contra las fuerzas de izquierda y las organizaciones populares de la ciudad y el campo. Debe recordarse que en su última fase de congresista defendió los aspectos más autoritarios del Código de Justicia Militar, enfrentándose ásperamente al Tribunal Constitucional.

Esos antecedentes ayudan a comprender los propósitos de su propuesta, que sin duda ha sido confeccionada con Alan García y Jorge del Castillo. Corresponde a la etapa dictatorial y asesina que el régimen alanista ha iniciado. Expresa la complicidad antipopular y antinacional de la cúpula aprista y la derecha tradicional.

El libro El fascismo en el Perú. La Unión Revolucionaria 1931-1936 del historiador Tirso Molina Morales (Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos, 2006) documenta la marcha del fascismo peruano en el poder y los crímenes y calumnias que la acompasaron.

Los excesos condujeron, según lo definió Jorge Basadre, a una guerra civil.

El itinerario de esa tragedia empieza con asesinato de apristas. El 24 de diciembre de 1931 la Policía ataca el local del APRA en Trujillo y mata a seis militantes. En enero de 1932, el régimen del fascista convicto y confeso Sánchez Cerro dicta la ley de emergencia, por la cual se ilegaliza al APRA, al Partido Comunista y la CGTP. Se clausuran periódicos y revistas “sediciosos” y luego se encarcela y deporta a los miembros apristas del Congreso Constituyente. San Marcos es clausurada. Encarcelan a Haya de la Torre.

Esos desmanes condujeron al primer intento de asesinato de Sánchez Cerro y a la insurrección popular de Trujillo.

El periódico oficialista La Opinión habló entonces de la “intervención política del Partido Aprista Peruano con la ingerencia (sic) del comunismo soviético”.


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César Lévano

Razón Social

cesar.levano@diariolaprimeraperu.com