Banda de materiales

El Banco de Materiales nació para facilitar la construcción de viviendas por personas de bajos recursos; pero resultó instrumento de robo, estafa y enriquecimiento personal de sus funcionarios, apristas casi todos.

| 09 marzo 2012 12:03 AM | Columna del Director | 2.6k Lecturas
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En muchos casos los préstamos del Banco favorecieron a su personal o sus allegados, en un festival de trampas y mentiras.

Un caso tragicómico ocurrió cuando uno de los directivos, sin duda con la colaboración de subordinados, hizo enterrar 5,121 carpetas de crédito, que fueron incorporadas al relleno sanitario de las pampas de San Juan de Miraflores.

Fue una manera de esconder las cochinadas del Banco.

El crimen colectivo ha tenido sin duda coautores y cómplices en provincias y a lo largo de años, hecho que habría que investigar.

La historia se descubrió gracias a una información de Perú.21, que tuvo acceso al informe de la jefa de la sucursal de Lima Sur, Sara Bocanegra Tapia. En el documento, fechado el 4 de agosto de 2011, ella detectó que su antecesor, William Pabón Ruiz, había retirado 50 paquetes de tarjetas de crédito. Esto sucedió cuando la administración había ordenado inventarios y rotación de cargos.

Los documentos salieron a las 17.16 horas del 3 de junio de 2011 sin guía de remisión. El destino fingido era la sucursal de Villa El Salvador.

El caso ha sido visto por la Comisión de Fiscalización del Congreso, de cuyo seno ha surgido la idea de liquidar el Banco. Esta idea es compartida por el ministro de Vivienda, René Cornejo.

El ministro ha precisado que muchos créditos fueron concedidos de manera indebida, o no fueron cobrados, o se cobraron, pero los funcionarios se quedaron con el dinero, en robo descarado.

Martín Belaunde, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha informado que durante la administración aprista el Banco perdió el 87 por ciento de su patrimonio: era de 145 millones de soles en 2006, al iniciarse el régimen de Alan García, y es ahora de 18 millones.

La Comisión apunta solo a los exdirectivos del Banco, uno de los cuales, William Pabón, está en la cárcel. Pero eso no basta. Todos los funcionarios que se apoderaron de fondos destinados a los pobres y se construyeron viviendas por medios tramposos deben ser investigados y enjuiciados. Para que no resulten premiados con la impunidad, se les debería obligar a devolver las viviendas tramposamente adquiridas.

Igual que en otras instituciones destinadas al bien social, como por ejemplo el Programa Nacional de Alimentación (Pronaa), el aprismo instaló una red de corrupción. El efecto fue nefasto. Se robó a los pobres y se benefició a los corruptos.

El Banco de Materiales estaba en manos de una banda delictiva; pero no por eso debe ser suprimido. Hay que reconstruirlo sobre bases nuevas, materiales y éticas. Es una necesidad social.


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César Lévano

Razón Social

cesar.levano@diariolaprimeraperu.com