Bajo el manto de García

El caso judicial contra Agustín Mantilla y el comando Rodrigo Franco ha sido archivado por el juez suplente Juan Changanaquí, quien considera que el asesinato de los sindicalistas Saúl Cantoral y Consuelo García, del abogado Manuel Frebres y de los estudiantes Luis Pasache y Sócrates Porta no constituyeron crímenes de lesa humanidad.

Por Diario La Primera | 09 set 2010 |    

Este repudiable fallo es un fruto temprano del Decreto Legislativo Nº 1097, engendrado por el presidente Alan García y con la inspiración del ministro de Defensa, Rafael Rey. Mantilla se encubre bajo el manto de García.

El juez Changanaquí no menciona el 1097, pero es evidente que se refugia en éste. El Decreto expresa que la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad sólo surte efecto en el Perú a partir del 9 de noviembre de 2003. Pero tanto el 1097, como la Resolución Legislativa Nº 27998 que fijó el plazo mencionado, olvidan que lo crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca. No hay amnistía, es decir, olvido para esos crímenes.

El Decreto de García intenta establecer una puerta de escape, basándose en la fecha limitativa. Se trata de un recurso tinterillesco como lo han señalado juristas ilustres: el régimen aprista, y antes el fujimorista, dilataron procesos con el fin de que los acusados pudieran acogerse a la prescripción.

Avelino Guillén, el impecable fiscal adjunto en el caso Fujimori, precisa que el 1097 es, en la práctica, una ley de amnistía para los militares y policías procesados por violaciones de los derechos humanos.

A quienes defienden ese Decreto cabe preguntarles: ¿Para qué se ha dictado tal disposición si no es para defender a los asesinos con uniforme o sin él? No es casual que apenas expedido el Decreto, los miembros del grupo Colina, esos cobardes que mataron estudiantes inocentes de La Cantuta y hasta niños indefensos en Barrios Altos, se hayan acogido a los beneficios del 1097.

Puede decirse, pues, que estos criminales sí saben para qué se ha expedido ese dispositivo inconstitucional e inhumano, de raigambre fascista.

Eso demuestra que la medida tiene nombre propio. Por si faltaran pruebas, Jesús Sosa Saavedra, miembro del grupo Colina apodado Kerosene, ha amenazado al doctor Antonio Salazar, del Instituto de Defensa Legal. El criminal en prisión, se siente en vísperas de salir libre y capaz de volver a apretar el gatillo y quemar a sus víctimas.

En años oscuros de la dictadura, los ciudadanos emprendieron campañas contra medidas represivas, como la ley Nº 8505 y la ley de Seguridad Interior. Esa lucha culminó con la derogación de tales legicidios. A partir de ahora y en las próximas lides electorales habrá que desplegar multitudes y banderas contra el Decreto 1097.


    César Lévano

    César Lévano

    Razón Social

    cesar.levano@diariolaprimeraperu.com