Bajo amenaza de mordaza

Un proyecto de ley remitido al Congreso por el Poder Judicial confirma que en el Perú hasta el más ponderado de los jueces cree que al periodismo no se le respeta, no se le debe respetar. Muchos dueños del poder consideran, como el expresidente de Argentina Carlos Menem, que lo mejor sería un mundo sin periodistas.

| 15 julio 2011 12:07 AM | Columna del Director | 889 Lecturas
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El proyecto busca penalizar la difusión de audios obtenidos mediante interceptaciones ilegales; es decir, a través de “chuponeos”. Los alcances no se detienen allí. Imponen freno en la pena si el contenido así obtenido y divulgado es de “interés público”. La definición de tal interés abre amplio campo a la arbitrariedad y la malinterpretación. Lo que parece mitigación de la condena puede abrir paso a un castigo draconiano.

¿Es de interés público la difusión de un diálogo comprometedor entre un ministro y un narcotraficante? En un país como el Perú, muchos jueces pueden considerar que no, que eso viola el sagrado derecho a la intimidad. Por lo tanto, la sanción recaerá sobre el periodista que diere a conocer tal conversación.

No sólo el cronista puede ser sancionado. El constitucionalista Aníbal Quiroga precisa que la pena puede llegar a la clausura temporal o definitiva del local del órgano informativo, y aun a la liquidación de éste.

Otra arista es que el texto añade un pretexto para enjuiciar penalmente a los periodistas. “Bien sabemos”, ha declarado a Perú 21 Alejandro Miró Quesada, exdirector de El Comercio, “que hay muchos políticos que están muy atentos a iniciar juicios a los medios como una manera de amedrentar. Eso abriría una puerta muy peligrosa”.

En LA PRIMERA conocemos el método de ciertos gobernantes de manipular juicios, so capa de que se ha incurrido en calumnia o difamación. El aspecto extremo es que se abre juicio no únicamente contra el redactor de una información firmada, sino también contra el director. No hay ningún Código o ley que autorice esa demasía. Pero en ella se incurre a cada paso. Hoy mi experiencia lo puede afirmar.

Aspecto inquietante, puesto que el proyecto proviene del Poder Judicial, es que el texto no establece sanción penal, dejando ésta al criterio del juez.

Es de desear que la propuesta sea pasada al archivo, o profundamente modificada, a la luz de las severas críticas que ha recibido.

La desafortunada iniciativa judicial tiene antecedentes de ingrata recordación. En octubre de 2010, el congresista Walter Menchola presentó un proyecto de ley que proponía castigar con millonarias multas (tres millones y medio de nuevos soles) a quienes difundieran conversaciones grabadas sin autorización de juez.

Eran los días en que se debatían las revelaciones expuestas gracias a los petroaudios. La idea era evitar que esos destapes se repitieran. El proyecto Menchola recibió rechazo general.

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César Lévano

Razón Social

cesar.levano@diariolaprimeraperu.com