Amenaza para la paz social

La Comisión de Trabajo del Congreso debe discutir la semana entrante un proyecto de Ley General del Trabajo promovido y suscrito por el Grupo Parlamentario fujimorista, pero firmado también por los demás miembros de la Comisión, incluidos los del Partido Nacionalista, con la excepción de Emiliano Apaza Condori.

| 18 setiembre 2011 12:09 AM | Columna del Director | 3.5k Lecturas
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Ese proyecto, tal como está redactado, constituye una amenaza contra los 12 millones de peruanos que trabajan.

El proyecto es una repetición casi literal de las disposiciones dictadas bajo el gobierno de Alberto Fujimori, con los complementos añadidos durante los regímenes de Alejandro Toledo y Alan García. Casi todas sus disposiciones fueron impuestas mediante decretos legislativos. Como lo ha declarado el distinguido laboralista Jorge Rendón Vásquez, lo que se intenta es convalidar esa legislación tornándola permanente bajo la forma de un solo dispositivo.

El texto repite, insisto, el proyecto que se estaba tramitando en el Congreso de la República hasta fines de 2010 y cuyo procesamiento se interrumpió por temor a una reacción de los trabajadores.

En los últimos años, esa Ley General del Trabajo se había convertido en demanda laboral debido a que no se advertían los peligros encerrados en el texto propuesto.

El documento actual no ha sido elaborado por los congresistas que lo han suscrito y es harto probable que, por razón de tiempo, no lo hayan estudiado, ni siquiera leído. Sus 431 artículos y seis disposiciones complementarias exigen especialización y conocimiento. Son un legajo grueso que no puede ser analizado de una sola sentada.

Quienes sí conocen el texto, puesto que lo han preparado, son los dos asesores de la Comisión de Trabajo, estratégicamente vinculados a los empresarios.

El proyecto admite el alquiler de trabajadores por las empresas llamadas “services”, confirma los amplios poderes de los empresarios de ampliación o modificación de la duración de la jornada y la semana de trabajo y el lugar de trabajo; deja sin efecto la ejecutoria del Tribunal Constitucional que, interpretando el art. 27º de la Constitución, defiende la estabilidad en el trabajo, que queda derogada.

Carga peligrosa para la paz social incluye el proyecto en cuanto niega la negociación colectiva por rama de actividad y mantiene el repudiado CAS (contrato administrativo de servicios), que afecta a amplios sectores, incluida la administración pública. Deja asimismo el trámite arbitral al arbitrio de los empleadores. Convalida regímenes con derechos sociales recortados en el agro, en la pequeña y microempresa y en la pesca industrial.

Muchos otros aspectos condenables contiene el documento. Por eso mismo sería deseable que se publique íntegro en El Peruano, para el debido debate entre todos los interesados.


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César Lévano

Razón Social

cesar.levano@diariolaprimeraperu.com