La competencia desleal afecta a los pobres

Desde hace 4 años se viene discutiendo en INDECOPI la legalidad de la denominación y la práctica de “tarifa diferenciada”, que viene siendo utilizada por algunos hospitales e institutos de salud especializados para atender a pacientes como si fueran clínicas privadas y no instituciones públicas, haciendo uso de la infraestructura, materiales quirúrgicos, personal de trabajo, subsidios, exoneraciones de obligación de pago de tributos como el IGV, entre otros, para competir en el mercado con un servicio que venía siendo brindado por agentes privados, sostuvo el doctor Víctor Puente-Arnao Tiravanti, de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP).

| 22 noviembre 2011 12:11 AM | Ciencia y Salud | 2.4k Lecturas
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La aplicación de esta “tarifa diferenciada” en el sector Salud genera en un sentido macro, no solo pérdidas económicas al Estado y al bolsillo de los peruanos, sino también afecta al mercado de los servicios de salud, puntualizó el representante de ACP.

El doctor Víctor Puente-Arnao Tiravanti precisó que en la segunda instancia de INDECOPI se revocó parcialmente la resolución primera que estableció que los hospitales e institutos no contaban con una Ley Expresa (Nuestra actual Constitución, limita la actividad empresarial del Estado por medio del Principio de Subsidiaridad y la necesidad de Ley expresa para su ejercicio) por lo que los hospitales no podían tener una “tarifa diferenciada”. Según el experto, el principio de subsidiariedad del artículo 60 de la Constitución, reconoce que cuando los particulares no participan en un determinado mercado o no son capaces de satisfacer una demanda determinada, el Estado tiene la facultad, por necesidad pública, de realizar actividad empresarial.

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