Violación de Ley de Pesca en Permisos

Santos Alvarado Jiménez, exsecretario general de la Federación de Pescadores del Perú y apoderado del Sindicato de Pescadores del Puerto de Pisco, con 30 años de actividad en la pesca, sostuvo que, por inercia, las autoridades gubernamentales no atienden las reiteradas denuncias sobre ilegal otorgamiento de permisos de pesca.

| 15 marzo 2012 12:03 AM | Actualidad | 4k Lecturas
Violación de Ley de Pesca en Permisos
SANTOS ALVARADO JIMÉNEZ DENUNCIA

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LO QUE ESPERA

–¿Qué espera de las autoridades gubernamentales?
–Esperamos una pronta atención a nuestras denuncias y la aplicación de sanciones efectivas a los infractores, al margen que el objetivo de acudir a su prestigioso medio de prensa es que como estas empresas tienen participaciones de inversionistas extranjeros (bolsa), estos tomen conocimiento que sus directivos no están cumpliendo los compromisos internacionales asumidos referidos a los estándares del empleo remunerado con dignidad.
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–¿En qué sustenta sus denuncias?
–Sustentamos en lo dispuesto por la Ley General de Pesca Nº 25977, que desde el año 1992 prohíbe la construcción de nuevas embarcaciones para la pesca de anchoveta, autorizando que estas solo se construirían para sustituir la capacidad de las siniestradas o dadas de baja, debo precisar que a la dación de esta Ley solo existían 500 embarcaciones con una capacidad de bodega total de 90 mil metros cúbicos. Sin embargo, en el tiempo se vino perforando la Ley tanto por la corrupción existente en el Ministerio de Pesquería (hoy Ministerio de la Producción), como por mandatos judiciales incrementando el número y capacidad de bodega de las embarcaciones. El año 1998 se emitió la Ley Nº 26920 con la finalidad de formalizar 84 embarcaciones de madera (Vikingas) con capacidad de 36 m3 a un maximo de 110 m3, provenientes de la pesca artesanal para la captura de anchoveta, pero como en nuestro Perú la Ley muchas veces no se respeta, las grandes empresas pesqueras como Exalmar, Copeinca, etc, promovieron la construcción indiscriminada de estas embarcaciones que llegaron a sumar 700 con un total de 36,000 m3, las que sumadas a la flota anchovetera significaron 1,400 embarcaciones con una capacidad total de 200,000 m3.

–¿Ante qué autoridades presentó las denuncias?
–En forma reiterada hemos presentado sendas denuncias ante el propio Ministerio de la Producción, Presidente del Congreso, Comisiones de Producción y de Fiscalización del Congreso, y hasta la fecha no hemos sido atendidos. Donde los beneficiados fueron la empresa de Samuel Dyer Ampudia (seda).

–¿Puede señalar algunos casos específicos?
–Denunciamos, el caso de la E/P. STEFANO a la cual se sustituyó el derecho de pesca de la E/P. LORETO-9 y que de acuerdo a la Ley esta última debió ser desguasada o utilizada para dedicarla a otras pesquerías, sin embargo bajo el mecanismo de cambio de razón social se le reasigna permiso de pesca de anchoveta a Santa María Corp SAC, para operar con la E/P. LORETO-9, lo curioso es que a pesar de existir Sentencia Firme que ordena que se anule este derecho de pesca hasta la fecha desconocemos que se haya cumplido dicho mandato.

Otro caso son las medidas cautelares con las que se ha otorgado permiso de pesca a Alfredo Enrique Quispe Muguerza para las embarcaciones TALARA 10 de 300 TM y MAYNAS-1 de 340 TM, las cuales no existen físicamente al haber naufragado en el año 1984 y además no se encuentran incluidas en la lista oficial de embarcaciones pesqueras, pero el justificante es que se está acatando un mandato judicial.

Igualmente, tenemos el caso de la E/P. PACHACUTEC-6 de propiedad de CORPORACION PESQUERA INCA S. A, la cual fue revivida de la embarcación TARATA-1 siniestrada en el año 1989, pero por las relaciones políticas existentes se violó la ley otorgándole permiso de pesca con la Resolución Vice Ministerial Nº 010-2003-PRODUCE/DVM-PE, del 22 de abril de 2003, firmada por Carlos Zamorano Macchiavello. Asimismo, COPEINCA pidió ante la administración de producción la sustitución de bodega de la embarcación pesquera RICARDO de 180 m3, y con la ayuda de la entonces directora general de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción Dra. Giuliana Cavassa, lograron que la bodega se agrandara a 300 m3. Favor que fue pagado, asumiendo el cargo de gerente general de la empresa de Samuel Dyer Ampudia (seda).

Ahora pretenden sacar derechos administrativos de la empresa Pesquera Mar S.A., donde los dueños son dos viejitos (hermanos Saavedra), con juicios fraudulentos. En principio estos procesos estaban siendo ayudados por Samuel Dyer (COPEINCA), a través de la esposa del congresista Zumaeta; al no lograr su cometido, ahora la empresa EXALMAR S.A. (propiedad de Víctor Mata), viene apoyando, y es quien pretende beneficiarse con los derechos administrativos, que ya fueron dados; duplicando el esfuerzo pesquero, depredando la anchoveta. Razón por la que se debe investigar a estas empresas por lavado de activos.

–Qué opinión le merece la expulsión de EXALMAR del seno de Sociedad Nacional de Pesquería?
–El sustento expresado a la prensa por medio del representante de la Sociedad Nacional de Pesquería, en cuanto a que no absolvió los cuestionamientos por haber comprado pesca provenientes de las medidas cautelares, me trae a colación el mecanismo de la pesca negra realizada por embarcaciones clonadas y el desequilibrio entre la pesca declarada en bodega contra la descargada en planta, si fuese esa la falta esta institución se quedaría sin asociados.

A mi criterio, la razón es la lucha entre EXALMAR y COPEINCA por la primacía de adquirir los derechos otorgados por vía judicial recientemente a PESQUERA MAR S.A mediante la Resolución Directoral Nº 108-2012-PRODUCE/DGEPP, del 22 de febrero de 2012, consistente en 749.03 m3 de capacidad de bodega para pesca de anchoveta y una licencia de establecimiento para la transformación de anchoveta en harina y aceite de pescado de 76 toneladas hora, que dicho sea de paso estos derechos ya fueron indemnizados a Pesquera Mar S. A y en vía de ejecución de sentencia judicial el Ministerio de la Producción mediante la Resolución Directoral Nº 253-2003-PRODUCE/DNEPP, del 22 de agosto de 2003 ya otorgó estos mismos derechos, significando duplicidad de derechos en perjuicio del Estado y de todos los agentes inmersos en el sector pesca. Y la desesperación de la gerente de Exalmar Roxanna Ortiz (Reyna de los Vikingos y de los Taxis) por adquirir los citados derechos es que pretende con ello cubrir el déficit patrimonial que arroja su balance.

–¿Cuál es el perjuicio que origina a los pescadores estos actos?
–Nosotros denunciamos estos actos por el perjuicio directo que causan al Estado que es el propietario de los recursos naturales, e indirectamente a los pescadores activos y jubilados que tenemos que preservar la sostenibilidad del recurso, único soporte económico para el Fondo de Jubilación del Pescador. Hasta el año 2006 teníamos una cuota global de pesca anual de ocho millones de toneladas y a la fecha solo capturamos cinco millones de toneladas y si a esto le agregamos que estas empresas denunciadas son las que han rebajado las remuneraciones a un 50% de lo establecido, los aportes serán insuficientes para pagar las magras pensiones de jubilación.


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