Venganza contra las enfermeras

Lejos de valorar su labor fiscalizadora, la cual contó con respaldo de la Defensoría del Pueblo que asumió el tema, las enfermeras que denunciaron el reuso de materiales descartables para la atención de pacientes en los hospitales públicos fueron sancionadas con suspensión entre 6 y 12 meses, según reveló el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESS).

| 03 octubre 2009 12:10 AM | Actualidad | 907 Lecturas
Venganza contra las enfermeras

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LAS MEDIDAS

En horas de la tarde, el gremio anunció oficialmente que realizarán un Paro Nacional de 24 horas el 21 de este mes, con el respaldo de la Federación Nacional de Gremios de Salud. Hasta la fecha, realizarán protestas escalonadas como preámbulo para la jornada principal, en que saldrán a las calles rumbo al Congreso.
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Con este cese temporal sin goce de remuneraciones, fueron sancionadas administrativamente las dirigentes sindicales del SINESSS, Secretaria General, Cecilia Grados Guerrero y la Secretaria General de la Base Rebagliati, Carmen Chávez Cabrera respectivamente. Ellas denunciaron la reutilización de materiales descartables en intervenciones quirúrgicas laparoscópicas en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, el 19 de junio.

En Plenaria Nacional Extraordinaria, las secretarias generales y delegadas del SINESSS de todo el país analizaron medidas de protesta, que incluye paralización de labores en los hospitales de EsSalud, para que las autoridades retiren las sanciones a sus dirigentes. Mediante Resolución de Gerencia Nº 229-GAP-GCRH-OGA-ESSALUD-2009 del 29 de septiembre, se dispone la sanción administrativa disciplinaria para la secretaria general del SINESSS, Cecilia Grados y la secretaria general del Sindicato Base Rebagliati, Carmen Chávez, aduciendo “incumplimiento de normas establecidas y la utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros”.

La sanción se da en forma arbitraria, desconociendo los pactos colectivos de la O.I.T en los artículos 87º y 98º, que resaltan la condición de dirigentes sindicales y el derecho inherente a la libertad de expresión y opinión e ignorando la recomendación de la Defensoría del Pueblo.


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